PANAMÁ (Pulso) — Una auditoría interna de la Dirección General de Ingresos (DGI) determinó que $36.01 millones de los $42.4 millones en créditos fiscales utilizados por BAC International Bank (Panamá) entre 2022 y 2025 son «improcedentes e ilegítimos». El caso está en manos del Ministerio Público.
La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) respondió con rapidez. Confirmó que BAC es el segundo mayor banco del país. Activos totales: $14.3 mil millones. Patrimonio neto: $4.2 mil millones. Sus índices de liquidez y solvencia «exceden significativamente los requerimientos mínimos regulatorios», según el regulador.
La SBP pidió a la población ignorar rumores en redes sociales. Solo atender comunicaciones oficiales.
La Asociación Bancaria de Panamá (ABP) respaldó las investigaciones. Exigió «total rigor y estricto apego a la ley». Recordó que la creación, administración y certificación de créditos fiscales corresponde exclusivamente a la DGI.
BAC sostiene que adquirió los créditos de buena fe. Señala que aparecían registrados y validados en el sistema e-Tax 2.0 de la administración tributaria.
La investigación, denominada operación Pandora, apunta a una red que habría involucrado funcionarios, intermediarios y sociedades para generar y movilizar estos instrumentos.
La ABP subrayó la necesidad de respetar el debido proceso y la presunción de inocencia durante las actuaciones.
Lectura editorial. El caso expone una falla grave en el aparato estatal: si los créditos aparecían validados oficialmente en el sistema de la DGI, la responsabilidad primaria recae sobre los funcionarios y procesos de esa entidad, no sobre quienes operaban bajo la buena fe del registro público. La solidez financiera de BAC es un dato positivo; el daño real es a la seguridad jurídica del centro financiero panameño. Panamá necesita sanciones ejemplares para quienes manipularon e-Tax 2.0, no un escrutinio que castigue a la banca privada por confiar en certificaciones del propio Estado.
