PANAMÁ (Pulso) — El Ministerio de Gobierno de Panamá publicó dos adendas al pliego de cargos del Complejo Penitenciario de Provincias Centrales. La fecha límite para recibir propuestas se extendió al 13 de agosto de 2026, a las 10:00 a.m. La apertura de ofertas ocurrirá un minuto después.
El plazo original vencía el 23 de julio. El cambio concede tres semanas adicionales a los participantes.
Uno de los ajustes clave afecta el capital de trabajo. El pliego original exigía sumar los estados financieros de 2024 y 2025, con un mínimo del 50% del precio de referencia. Ahora solo se considerará el estado de 2025 y el mínimo será $50 millones.
En materia de experiencia técnica, se amplió de 10 a 15 años el período considerado para arquitectos, ingenieros estructurales, gerentes de proyectos y residentes de obra. Las certificaciones de consorcio anteriores ahora exigen participación igual o superior al 50%, no estrictamente mayor.
Las especificaciones técnicas también cambiaron. La resistencia del concreto subió de 280 a 350 kilogramos por centímetro cuadrado. Las celdas llevarán camas de acero inoxidable calibre mínimo 12 y mobiliario antivandálico calibre mínimo 14.
El sistema de agua potable deberá dimensionarse para 3,900 personas, incluyendo custodios y personal, aunque la capacidad penal se mantiene en 3,000 reclusos.
El mantenimiento preventivo y correctivo cubrirá 1,095 días —36 meses—. Para fallas imprevistas se fijó un techo de $1 millón, utilizable solo ante eventos debidamente sustentados.
Dieciocho empresas nacionales e internacionales asistieron a la reunión de homologación, entre ellas Sucursal de Obras Huarte Lain Panamá, Contracta-UK y Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, según la fuente.
El proyecto responde a un hacinamiento severo: Panamá registra 24,831 privados de libertad en instalaciones diseñadas para 14,695, una sobrepoblación superior a 10,000 personas.
Residentes y autoridades de Santa María rechazan la obra. Según la fuente, la comunidad pide que los recursos se destinen a agua potable, carreteras y educación, y teme el impacto sobre la identidad agrícola local.
Para Pulso Global, el proyecto ilustra la tensión entre inversión en infraestructura de seguridad —imperativo ante el colapso penitenciario— y la demanda legítima de servicios básicos en la región. La licitación abierta y competitiva, con 18 firmas interesadas, es la ruta correcta: transparencia, precio de referencia público y competencia de mercado. El reto del gobierno de Mulino es ejecutar sin desvíos y atender en paralelo las carencias locales que la comunidad señala.
