NICARAGUA (Pulso) — El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha concesionado aproximadamente el 10% del territorio nicaragüense a empresas mineras chinas. Así lo revela un informe citado por medios regionales. La superficie total alcanza cerca de 13.500 kilómetros cuadrados.
Las concesiones se concentran en la Costa Caribe y el norte del país. Ambas zonas combinan alta riqueza mineral con extensas áreas protegidas y territorios de comunidades indígenas y afrodescendientes.
Según el informe, varias licencias se superponen con territorios habitados por esos pueblos. Sus representantes denuncian que no fueron consultados antes del otorgamiento de los permisos, como exigen convenios internacionales sobre derechos indígenas.
El acelerado crecimiento de las concesiones se produjo tras el giro diplomático de Managua. En 2021, Nicaragua rompió relaciones con Taiwán y reconoció a la República Popular China. Desde entonces, ambos gobiernos firmaron acuerdos de cooperación en infraestructura, energía y minería.
El interés de Beijing se centra principalmente en el oro. La demanda internacional del metal continúa creciendo. El informe advierte que la extracción intensiva podría incrementar la deforestación, contaminar ríos con sustancias químicas y reducir la biodiversidad en zonas ecológicamente sensibles.
Organizaciones ambientalistas y de derechos humanos afirman, según el documento, que el modelo extractivo impulsado por el Ejecutivo nicaragüense no garantiza protección ambiental suficiente ni mecanismos reales de consulta comunitaria.
El patrón es conocido. Beijing asegura minerales estratégicos mediante acuerdos con regímenes que prescinden de controles institucionales. Ortega ofrece territorio sin consulta, sin contrapeso legislativo, sin prensa libre que fiscalice. El costo lo pagan las comunidades indígenas y el medioambiente. El beneficio fluye hacia Managua y Beijing. Libre empresa no es esto: es extracción pactada entre dos aparatos estatales, a espaldas de los afectados.
