NICARAGUA (Pulso) — Daniel Ortega lo dijo en público. Durante el acto por el 47º aniversario de la Revolución Sandinista, el pasado domingo en Managua, anunció que no permitirá nuevos comicios. Su argumento: impedir que la oposición intente «atrapar el gobierno, atrapar el poder».
Nicaragua debía elegir presidente en 2027. Una reforma constitucional previa ya había aplazado elecciones previstas para este año. Esa misma reforma ascendió a Rosario Murillo, esposa de Ortega, de vicepresidenta a «copresidenta» y amplió el mandato presidencial.
El régimen controla el sistema electoral, el Poder Judicial, el Ejército y la Policía. En 2021 ganó las presidenciales tras encarcelar a los aspirantes opositores. Después ilegalizó partidos, expulsó disidentes y les retiró la nacionalidad.
Entonces, ¿por qué abolir lo que ya controla?
Según Dora María Téllez, opositora histórica en el exilio, el anuncio revela debilidad. «Ya en 2021 Ortega tuvo muchísimo miedo a ir a una elección», afirmó. «Cinco años después, el miedo se ha elevado muchísimo más».
Félix Maradiaga, otro opositor exiliado y ex aspirante presidencial encarcelado antes de 2021, señala el precedente venezolano. Según él, Ortega teme que una figura desconocida agrupe el voto de protesta, como ocurrió con Edmundo González Urrutia frente a Maduro.
Maradiaga añade una segunda razón: Ortega quiere blindar «una sucesión dinástica con Rosario Murillo y con Laureano Ortega», uno de sus siete hijos señalado como posible sucesor. «Rosario y Laureano no tienen ninguna legitimidad electoral, nunca han sido electos por nadie», precisó.
Téllez habla además de «un trauma sucesorio dentro del Frente Sandinista» tras purgas contra dirigentes históricos.
Una tercera lectura, compartida por ambos: Ortega se adelanta a presiones de Washington. Abolir primero le permitiría ofrecer concesiones menores —recuperar algún tipo de votación— sin ceder en lo esencial: el regreso de los líderes exiliados. «Esa es la manera de negociar de Ortega: siempre eleva la parada», sentenció Téllez.
Dentro de Nicaragua, según Téllez, no existe ningún partido, organización civil ni medio independiente. «Eso está totalmente borrado desde 2021».
Pulso Global observa lo evidente: un aparato estatal que suprime la competencia, exilia a sus rivales y ahora elimina el mecanismo formal de legitimidad no demuestra solidez; demuestra fragilidad estructural. La dinastía Ortega-Murillo avanza hacia un modelo sin urnas ni contrapesos. El costo lo pagan los nicaragüenses privados de voz, voto y nacionalidad.
