NICARAGUA (Pulso) — Daniel Ortega reapareció el 19 de julio tras 61 días sin aparición pública. Lo hizo en la Plaza de la Fe de Managua, ante el acto por el 47 aniversario de la Revolución Sandinista.
Ahí declaró que en Nicaragua «no volverán a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder». Acusó a la oposición de responder a intereses de Estados Unidos y de sectores somocistas. Anunció además que coordinaría con la Asamblea Nacional un «muro» legal para impedirlo.
La condena internacional fue inmediata. El secretario de Estado Marco Rubio afirmó que la declaración demostraba «la cobardía y el miedo a la voluntad del pueblo» de Ortega y Rosario Murillo. Llamó a la comunidad internacional a actuar de forma conjunta.
El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, sostuvo que las palabras solo oficializaban una realidad ya visible: el abandono de la democracia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó las declaraciones de incompatibles con la democracia representativa.
Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, pidió restablecer el Estado de derecho y garantizar el derecho al voto sin discriminación política.
Panamá y República Dominicana llamaron a consultas a sus embajadores en Managua. Costa Rica, Chile y Guatemala también rechazaron las declaraciones. Parlamentarios europeos se sumaron a las condenas.
Dos días después del discurso, la Asamblea Nacional confirmó que inició análisis para cumplir el «mandato» de Ortega mediante reformas constitucionales. El presidente del Parlamento, Gustavo Porras, aseguró que el proyecto se presentaría antes de finalizar julio y sería aprobado en la primera semana de agosto.
Porras intentó matizar las palabras del dictador: según él, Ortega «no dijo que no iban a haber elecciones», sino que nunca volverían «en manos de los imperialistas». La velocidad del aparato legislativo desmiente cualquier lectura de improvisación.
Esto es lo que se sabe: Ortega no eliminó las elecciones por sorpresa. Las eliminó en público, con aplausos, y su Asamblea ya trabaja para convertirlo en ley. Lo que queda en juego es simple: el derecho de los nicaragüenses a elegir a sus gobernantes. El régimen no lo llama supresión; lo llama protección. Esa diferencia de palabras es, exactamente, la diferencia entre una república y una dictadura.
