NICARAGUA (Pulso) — Daniel Ortega lo dijo sin rodeos. En los actos por el 47.º aniversario de la Revolución Sandinista, el mandatario nicaragüense declaró que «aquí no habrá más elecciones». Calificó a sus adversarios de «golpistas y vendepatrias».
Los comicios previstos para 2027 quedaron en suspenso. Según la fuente, tampoco existía expectativa real de que fueran libres.
Ortega gobierna sin interrupción desde 2007. Su esposa, Rosario Murillo, pasó a ser «copresidenta» tras una reforma constitucional. Juntos cooptaron la Asamblea Nacional, eliminaron medios independientes y forzaron al exilio a las figuras opositoras más relevantes.
El punto de inflexión fue 2018. Una revuelta popular dejó más de 300 manifestantes asesinados, según la fuente. Desde entonces, el régimen recrudeció.
En 2025, un grupo de expertos convocado por la ONU alertó sobre una política deliberada de silenciamiento. El reporte documenta crímenes de lesa humanidad, desapariciones forzadas y represión que traspasa fronteras.
Los ojos apuntan a Washington. El secretario de Estado Marco Rubio declaró que la administración Trump «no se quedará de brazos cruzados mientras la dictadura se profundiza y fabrica inestabilidad que amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos». La pregunta es si actuará como lo hizo con Cuba y Venezuela. Por ahora, según la fuente, Nicaragua no es objetivo estratégico prioritario para Washington.
Lectura editorial. La declaración de Ortega no es una sorpresa: es la formalización de lo que ya era un hecho. El aparato estatal nicaragüense lleva años al servicio de dos personas, no de un pueblo. La comunidad internacional ha sido incapaz de articular presión efectiva. Rubio pone las palabras correctas sobre la mesa; falta ver si van seguidas de acción. Mientras tanto, los nicaragüenses pagan el costo más alto: sin voto, sin prensa libre, sin oposición visible.
