Managua. Confirmado.
El 19 de julio, Daniel Ortega declaró que en Nicaragua «no volverá a haber elecciones». Dos días después, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, matizó: sí habrá votaciones, pero bajo un nuevo marco constitucional.
El 27 de julio, la copresidenta Rosario Murillo confirmó el calendario. La reforma parcial a la Constitución se someterá a consulta en agosto. Se aprobará en primera legislatura a inicios de septiembre.
No hubo contradicción. Hubo corrección de forma sobre el mismo contenido.
La Asamblea Nacional está controlada por el sandinismo con 84 de sus 90 escaños. El objetivo explícito de la reforma: excluir a los llamados «opositores desnacionalizados». Son los cientos de nicaragüenses despojados de ciudadanía por disentir del régimen desde 2018.
En 2024-2025, Ortega y Murillo ya se autoproclamaron «copresidentes» vía reforma constitucional. Ampliaron el período presidencial a seis años. Trasladaron competencias de supervisión al Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Ahora Porras anuncia extensión del período a siete años y carácter «renovable».
El rechazo internacional fue amplio. Costa Rica, Estados Unidos, Panamá —que retiró a su embajador—, Guatemala, República Dominicana, Chile, Bolivia, Brasil, Perú, la Unión Europea, Uruguay, la OEA y la oficina de derechos humanos de la ONU expresaron preocupación o condena.
Según la fuente, Nicaragua ha absorbido sanciones individuales y el deterioro de relaciones diplomáticas sin alterar su trayectoria interna desde 2018.
Esto es lo que se sabe.
Lo que Managua exhibe hoy es el manual del autoritarismo maduro: no suprimir el ritual del voto, sino vaciarlo de riesgo. Rusia, Venezuela y Bielorrusia perfeccionaron ese modelo. Nicaragua lo lleva un paso más lejos: lo escribe en la Constitución.
Para el libre mercado y el estado de derecho, el daño es doble. Primero, la propiedad y las libertades civiles ya fueron confiscadas por decreto. Ahora se blindan esas confiscaciones con lenguaje jurídico permanente. La comunidad internacional enfrenta un régimen que ni siquiera simula competir. La pregunta ya no es si hay fraude el día de la votación. La pregunta es si alguien con poder real está dispuesto a cobrar el precio de responder.
