BRASIL (Pulso) — Una tienda de fundas para celulares en una favela de Río de Janeiro fue el punto de partida. La Operación Hawala derivó en diez órdenes de detención y 37 allanamientos en Río de Janeiro, San Pablo, Minas Gerais y Paraná.
Según la acusación del Ministerio Público brasileño, la red habría blanqueado US$19 millones entre 2021 y 2024. Los fondos provendrían del Primer Comando Capital (PCC), el Comando Vermelho y el Terceiro Comando Puro.
Dato relevante: las tres facciones mantienen disputas violentas entre sí. Aun así, según los investigadores, compartían empresas de fachada, testaferros y operadores financieros comunes.
El caso escaló internacionalmente. La Policía Civil detectó una operación comercial entre una empresa vinculada a los acusados y un hombre sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La sanción lo señala por integrar una estructura de financiamiento de Hezbollah y Al Qaeda. Ese sospechoso fue detenido en Río de Janeiro.
El Ministerio Público aclara que el posible vínculo terrorista es aún una línea de investigación policial. No forma parte de la acusación formal por lavado presentada contra 22 personas.
El mecanismo utilizado fue el sistema hawala: transferencias informales entre países mediante intermediarios, sin movimiento bancario directo. También se usaron depósitos fraccionados y transferencias entre empresas vinculadas.
En el nodo fronterizo aparecen los hermanos Reda, Yasser y Kassem Zayoun, empresarios de origen libanés señalados por facilitar la circulación internacional de fondos. Reda Zayoun fue detenido en Foz de Iguazú, donde se realizaron cinco allanamientos.
El caso preocupa a Argentina. El 17 de junio, fuerzas brasileñas interceptaron cerca de Puerto Iguazú un camión con 27 fusiles, 16 pistolas y más de 5.000 municiones. Uno de los fusiles llevaba el escudo del Ejército Argentino. Podría pertenecer al lote robado del Batallón 603 de Fray Luis Beltrán.
La Triple Frontera vuelve a quedar en el centro. La zona es históricamente vigilada por el tráfico de armas, drogas y dinero clandestino. Lo que esta operación expone es la porosidad del aparato estatal ante redes que operan en tres países simultáneamente. Mientras el crimen organizado comparte infraestructura financiera sin importar banderas, los Estados de la región siguen respondiendo de forma fragmentada. El costo lo pagan los ciudadanos de los tres lados de la frontera.
