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Niña muerta en campamento: senadora exige derogar decreto de 1943 que regula escuelas militarizadas privadas

La muerte de Dafne Zapata Quintos, de 13 años, expone que esos planteles operan bajo un reglamento de hace ocho décadas. La SEP ni siquiera tiene facultades claras para supervisarlos.
Imagen ilustrativa
sábado 25 de julio de 2026 · 21:06 UTC

Confirmado. La senadora Guadalupe Chavira anunció la revisión del Reglamento para el Funcionamiento de las Academias Particulares de Tipo Militar.

El ordenamiento data de 1943. Según Chavira, permite impartir instrucción militar desde primaria hasta técnica profesional. También autoriza clases de tiro desde secundaria.

El detonante es la muerte de Dafne Zapata Quintos, de 13 años. Las autoridades investigan asfixia bajo el agua. Según la senadora, la menor habría muerto a manos de adolescentes durante una «novatada» en un campamento de verano.

«Esas escuelas no tienen facultades para organizar campamentos de verano o para autorizar salvajadas como las novatadas», declaró Chavira, según la fuente.

No es el primer caso. En 2025 se conoció la muerte de Erick Leonardo Terán Torbellín, también de 13 años. Su familia denunció que murió en circunstancias de tortura y maltrato físico durante un campamento de la Academia Militarizada Ollin, en Morelos. La SEP clausuró el plantel. Un mes después reabrió clases en línea, pese a enfrentar otras ocho denuncias por maltrato.

El reglamento de 1943 asigna la supervisión a la Secretaría de la Defensa Nacional, no a la SEP. Chavira exige trasladar esa facultad a la dependencia educativa y crear un nuevo marco legal acorde con las leyes de protección a la infancia.

Según especialistas citados por la legisladora, estos planteles imponen disciplina mediante violencia y sometimiento jerárquico. Los planteles oficiales del Ejército y la Marina, aclaró, cuentan con áreas de derechos humanos y supervisión de la CNDH.

Esto es lo que se sabe.

El cuadro es inaceptable desde cualquier ángulo de libre empresa y Estado de derecho. Un decreto de hace 80 años no es marco regulatorio: es vacío legal disfrazado de norma. Que un plantel privado clausurado por muerte de un menor pueda reabrir en línea al mes siguiente revela ausencia total de rendición de cuentas. El aparato estatal falló primero al no actualizar la regulación; falló después al no ejecutar la clausura. Las familias pagaron con sus hijos ese doble abandono.

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