NICARAGUA (Pulso) — El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua atacó este miércoles a República Dominicana. El motivo: Santo Domingo condenó las declaraciones de Daniel Ortega sobre suprimir las elecciones.
Ortega afirmó el 19 de julio, en el 47 aniversario de la revolución sandinista, que «aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder».
La Cancillería nicaragüense respondió con dureza. Calificó a las autoridades dominicanas de «voces vasallas y servidumbres vergonzosas instaladas en sus máximas instituciones». Añadió que «los pueblos no tienen culpa de la deshonrosa conducta de ciertas figuras que creen ser de autoridad».
República Dominicana no cedió. Su cancillería señaló que la declaración de Ortega constituye un «abierto desconocimiento de los principios esenciales de la democracia representativa». Citó el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana: «Los pueblos de América tienen derecho a la democracia».
Santo Domingo exigió que «ningún gobierno» puede privar a un pueblo del voto periódico. Llamó a Managua a «rectificar esta posición».
Desde Managua, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, intentó matizar. Dijo que sí habrá elecciones, pero bajo un nuevo marco constitucional. El objetivo declarado: excluir a «golpistas, traidores a la patria» y a partidos financiados con «dinero extranjero».
Nicaragua ya había entrado en crisis diplomática con Panamá por el mismo asunto, según reportes previos.
Lectura editorial. El aparato estatal de Ortega no reprime solo dentro de sus fronteras: exporta su retórica autoritaria y hostiga a quien la cuestiona. Que un régimen que eliminó la competencia electoral llame «vasallas» a democracias funcionales revela la lógica de toda tiranía: atacar al árbitro cuando el resultado no conviene. El derecho al voto no es concesión del gobernante; es el límite que separa la república de la dictadura.
