COLOMBIA (Pulso) — Varios narcotraficantes extraditados y detenidos en cárceles de Estados Unidos habrían decidido colaborar con la justicia norteamericana. Así lo reporta Semana.
Según la publicación, los testimonios apuntarían al financiamiento y apoyo que esos individuos habrían dado al entonces candidato Gustavo Petro en su campaña presidencial de 2022.
Los contactos se adelantan bajo absoluta confidencialidad, según la fuente.
El caso no es nuevo. Estas denuncias se conocieron inicialmente como el Pacto de La Picota. En ese episodio resultó salpicado Juan Fernando Petro, hermano del presidente, según el mismo reporte.
Uno de los extraditables, identificado como Pipe Tuluá, entregó un audio a la periodista Vicky Dávila antes de ser extraditado. En ese audio reveló, según Semana, que entregó millonarios recursos a la campaña. También suministró una fotografía en la que aparece un familiar del actual jefe de Estado, de acuerdo con la misma fuente.
Confirmado. El caso está en desarrollo.
Desde la línea editorial de Pulso Global: si los testimonios prosperan ante la justicia norteamericana, el aparato estatal del petrismo enfrentaría un frente judicial de alcance internacional. No sería un señalamiento doméstico fácil de neutralizar desde Bogotá. Lo que está en juego es el principio básico del Estado de derecho: que el origen del poder importe tanto como su ejercicio. Un gobierno que llegó al poder con dinero narco no representa a los ciudadanos; los captura. Colombia merece saberlo.
