COLOMBIA (Pulso) — Colombia amaneció con dos ataques terroristas. Ocurrieron en la madrugada del sábado. Apenas un día antes, Abelardo De La Espriella había asumido la presidencia.
El primer atentado fue en la carretera Panamericana. Municipio de Santander de Quilichao, departamento del Cauca. Según el Ejército colombiano, integrantes de las disidencias de las FARC comandadas por alias Iván Mordisco usaron explosivos. Destruyeron un peaje en construcción.
Horas después llegó el segundo golpe. Departamento del Cesar, norte del país. Atacantes lanzaron drones cargados con explosivos contra una estación policial. Un policía murió. Dos guardias de seguridad resultaron heridos. Las autoridades colombianas no atribuyeron oficialmente ese segundo ataque a ninguna organización.
De La Espriella reaccionó de inmediato. «Atacar la infraestructura del país es atacar el progreso», afirmó según la fuente. Luego fue directo a los responsables: «No habrá refugio, no habrá contemplaciones y no habrá impunidad».
El contexto importa. En su discurso de asunción en Cali, el nuevo presidente había prometido combatir «sin tregua al narcoterrorismo». Anunció el fin de las negociaciones con grupos armados. Prometió fortalecer las Fuerzas Armadas y la Policía. Su diagnóstico fue claro: «La opción del diálogo está completamente agotada».
Esos mismos grupos respondieron con sangre y explosivos antes de que terminara su primer día.
Pulso Global lo lee así: los ataques son una señal deliberada. El narcoterrorismo probó al nuevo gobierno en su hora cero. Cuatro años de política de «paz total» bajo Gustavo Petro dejaron a los grupos armados con capacidad operativa intacta y sin costo real por la violencia. De La Espriella hereda ese desorden. Su respuesta inmediata marca el tono correcto. Ahora viene la prueba de fuego: convertir las palabras en resultados concretos sobre el terreno.
