PANAMA (Pulso) — El presidente José Raúl Mulino tomó posición pública contra la Policía Municipal de Ciudad de Panamá. Lo hizo a través de su cuenta de X con un mensaje directo: «Ojalá se tumbe eso».
Su argumento tiene dos ejes. Primero, la constitucionalidad. «Eso nació para cuidar parques y monumentos y no se puede transformar en otra policía», escribió Mulino según la fuente. Segundo, el efecto cascada: «Cada alcalde puede hacer lo mismo y sería un desastre».
El Ejecutivo no actúa solo. El Ministerio de Seguridad Pública, a cargo de Frank Ábrego, presentó una demanda de nulidad contra el Acuerdo 162 de 2025 ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo. El caso está en manos de la magistrada María Cristina Chen, presidenta de la Corte, según la fuente.
El Acuerdo 162 fue aprobado por el Concejo Municipal el 17 de junio de 2025 a solicitud del alcalde Mayer Mizrachi. Transformó el antiguo cuerpo de vigilantes municipales en una estructura con rangos de tradición policial y militar: cabos, sargentos, tenientes, capitanes y un mayor. La norma autoriza portar «armas de fuego cortas y largas, que no sean de guerra», realizar requisas y aprehender ciudadanos.
El detonante del debate fue una trifulca entre agentes municipales y el exfuncionario Alberto Llerena en el edificio Hatillo, sede del Municipio. Llerena resultó herido en la cabeza y permanece hospitalizado en el Hospital Santo Tomás, según la fuente. El propio Mizrachi reconoció que «la actuación de la Policía Municipal no fue exactamente la que yo espero». La Defensoría del Pueblo abrió una investigación. El abogado de los exfuncionarios agredidos denunció al alcalde, al director del cuerpo y al agente agresor.
La Alcaldía no había reaccionado al mensaje presidencial al cierre de esta nota.
En desarrollo.
Lo que está en juego es el principio elemental del monopolio estatal de la fuerza. Un municipio que arma a su propia tropa, con rangos militares y facultad de aprehender ciudadanos, no custodia parques: compite con el Estado. Mulino defiende aquí un principio de orden jurídico que cualquier gobierno serio debe sostener. El libre debate sobre seguridad urbana es legítimo; la fragmentación del poder coercitivo, no.
