COLOMBIA (Pulso) — Confirmado. La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, advirtió ante el Congreso que el Gobierno Nacional enfrenta dificultades presupuestales para pagar pensiones al cierre de 2026 y en 2027.
López Fuentes dijo que Colpensiones requiere cerca de $58 billones y que existe un faltante de $5 billones para cubrir noviembre y diciembre. También afirmó: «No está la plata, no están los recursos».
La presión no termina este año. El Ministerio del Trabajo reporta un déficit de $4,84 billones para 2027. López explicó que el presupuesto proyectado para ese sector asciende a $66,9 billones.
Según el documento, el 92,3 % de ese déficit corresponde a los recursos requeridos para pensiones. El resto se relaciona con inversión y funcionamiento del ministerio y sus entidades adscritas y vinculadas.
El aumento del salario mínimo también cambió las cuentas. El incremento de 23 % elevó en aproximadamente $5 billones el aporte estatal previsto para financiar las pensiones.
Para 2026, el sistema había quedado presupuestado con tres fuentes: $16 billones por traslados del RAIS a Colpensiones, $24 billones por cotizaciones y $35 billones del Presupuesto General de la Nación. Con el nuevo cálculo, el aporte del presupuesto nacional pasaría a cerca de $40 billones.
Andrés Velasco, presidente de Asofondos, dijo a EL COLOMBIANO que las pensiones de Colpensiones requerirían cerca de $40 billones del Presupuesto General de la Nación en 2026. Asofondos estima que el costo total de las pensiones terminaría acercándose a $80 billones.
Para el próximo año, Colpensiones proyecta necesidades por $96,8 billones. De ese total, cerca de $50 billones corresponderían a ingresos propios y otros $46 billones a transferencias de la Nación.
La señal política es clara. El sistema pensional vuelve a presionar al presupuesto público y, con él, al dinero de los contribuyentes. Cada nuevo faltante reduce el margen para inversión, ahorro y estabilidad fiscal.
El problema no es solo contable. Es institucional. Cuando el Estado promete más de lo que puede financiar, la factura termina en la cuenta de los trabajadores y de quienes pagan impuestos. Eso erosiona la confianza y castiga la planeación de largo plazo.
