COLOMBIA (Pulso) — El choque fue en X y fue público. Fabio Arjona, designado ministro de Ambiente del presidente electo Abelardo De La Espriella, publicó que exigir una licencia ambiental al proyecto del canal del Dique es «un trámite burocrático innecesario». Según Arjona, esa burocracia «solo ha servido para dilatar las soluciones durante cuatro años y generar sobrecostos absurdos a los colombianos».
Arjona fue más lejos. Anunció que «a partir de este 8 de agosto, el proyecto tendrá vía libre para iniciar su construcción sin someterse a trámites superfluos». Agregó que el ecosistema «ya cuenta con un plan de restauración ambiental autorizado» y no requiere más estudios.
Gustavo Petro respondió con una sola palabra: «Brutal». Luego acusó, según el texto publicado en X, que el proyecto presiona para que el agua contaminada se arroje al golfo de Morrosquillo, «al frente de San Onofre, donde viven las comunidades negras». Petro calificó eso como «repetir la historia de la esclavitud».
Arjona replicó de inmediato. Negó que el gobierno entrante traslade la contaminación de un lugar a otro. Afirmó que «la PatriaMilagro ejecutará un proyecto de restauración ambiental sustentado en criterios técnicos y con seguimiento permanente».
El intercambio ocurre a días de la posesión de De La Espriella en Cali, fijada para el 7 de agosto, cuando Petro dejará oficialmente el poder.
El debate ilustra el choque de fondo. Cuatro años de trámites no resolvieron el deterioro del canal. El aparato regulatorio del gobierno saliente paralizó la obra. El equipo entrante apuesta por criterios técnicos y ejecución. La pregunta no es si actuar, sino cuándo. Cada día de dilación tiene un costo real para las comunidades que esperan.
