ARGENTINA (Pulso) — El presidente Javier Milei puso sobre la mesa la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Lo hizo durante la vigilia por el 210° aniversario de la independencia.
En esa ocasión, Milei remarcó la urgencia de que «la principal función [del BCRA] vuelva a ser la de preservar el valor de la moneda en lugar de financiar los proyectos del político de turno». Habló de «91 años de estafas de la política a los argentinos de bien».
El origen del problema. La Carta Orgánica vigente data de 1992, Ley 24.144. Su artículo 3° original establecía que «es misión primaria y fundamental del Banco Central preservar el valor de la moneda» y que el BCRA «no estará sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional».
Ese marco surgió tras la hiperinflación de 1989, que alcanzó picos de 3.000% anual y precipitó la entrega anticipada del mandato de Raúl Alfonsín.
La reforma kirchnerista de 2012. El kirchnerismo modificó esa carta en 2012. El nuevo artículo 3° reemplazó la independencia por cinco objetivos simultáneos: estabilidad monetaria, estabilidad financiera, empleo y desarrollo económico «con equidad social», todo ello «en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional».
Mercedes Marcó del Pont, presidenta del BCRA entre 2010 y 2013, justificó el cambio en radio: «el sector público nacional recupera mayor capacidad para hacer políticas públicas y de regulación que sean funcionales al proyecto de desarrollo».
Ese proyecto terminó con una inflación de 211% en 2023 y al país al borde de una nueva hiperinflación, según consigna el artículo de análisis.
Lectura de la casa. La reforma de 2012 no fue un accidente técnico. Fue la institucionalización del impuesto inflacionario: el aparato estatal capturó al emisor de moneda para financiar el gasto sin rendir cuentas al contribuyente. Milei propone revertir eso con reglas, no con promesas. El principio en juego es simple: ningún gobierno debe poder imprimir el dinero de los ciudadanos para pagar sus propias deudas. Si la reforma avanza, será la primera restricción estructural real al ciclo emisión-inflación en más de una década.
