ARGENTINA (Pulso) — El Gobierno de Javier Milei avanza esta semana con un proyecto de desregulación del mercado inmobiliario. Así lo confirmaron fuentes oficiales citadas por medios locales.
La iniciativa fue diseñada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Se enviará al Congreso antes del receso de invierno.
Cuatro cambios centrales, según el documento oficial:
- Eliminación de la colegiación obligatoria para operar como corredor inmobiliario. - Supresión de los aranceles mínimos fijados por decreto. - Derogación de la exigencia de título universitario establecida por la Ley 25.028. - Eliminación de las restricciones geográficas para ejercer en distintas jurisdicciones.
Sturzenegger calificó como una «aberración social» que un colegio profesional fije precios mínimos. Según el funcionario: «El problema no es la existencia de los colegios en sí, sino cuando usan el poder del Estado para fijar condiciones que no responden al mercado».
Fuentes oficiales señalaron que las leyes provinciales que encuadraron el corretaje como profesión liberal nacieron a partir de 2003, días después del inicio de la gestión de Néstor Kirchner. Esas mismas fuentes describieron a varios colegios inmobiliarios como «unidades básicas peronistas».
El paquete se complementa con el proyecto de Inocencia Fiscal II, impulsado por el ministro de Economía, Luis Caputo. El objetivo declarado: movilizar los USD 170.000 millones que, según datos oficiales del Banco Central, permanecen fuera del sistema financiero.
Caputo afirmó: «No veo razón para que no aprueben una versión mejorada».
Autoridades del Colegio y Caja de Previsión Social de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires se reunieron el 4 de junio con el exministro Sergio Massa, según la fuente, en busca de respaldo político contra la reforma.
La reforma toca un principio elemental del libre mercado: ningún gremio debería fijar el precio de un servicio por decreto. Que esas barreras hayan sobrevivido décadas ilustra el costo real de la captura regulatoria para el acceso a la vivienda. El verdadero test llegará en el Congreso.
