ARGENTINA (Pulso) — El Gobierno de Javier Milei estudia incorporar un blindaje institucional al INDEC. El objetivo: impedir que futuras administraciones manipulen los índices oficiales.
La propuesta llegó del diputado de La Libertad Avanza Santiago Santurio. La presentó durante una reunión en la Casa Rosada entre el Presidente y legisladores oficialistas. El eje del encuentro fue la futura reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, cuyo texto aún está en elaboración.
El vocero presidencial Adrián Ravier confirmó la recepción favorable. «El Presidente lo celebró», dijo en conferencia de prensa. Aclaró, sin embargo, que la iniciativa todavía debe evaluarse antes de incorporarse formalmente al proyecto.
Santurio agradeció públicamente a Milei por considerar la inclusión. «La Argentina que estamos construyendo necesita instituciones fuertes y reglas claras», expresó el legislador. Sostuvo que el blindaje garantizaría que «nunca más las estadísticas oficiales puedan ser manipuladas por un gobierno de turno».
El diputado también advirtió sobre un riesgo técnico concreto. Una futura subdeclaración del Índice de Precios al Consumidor podría alterar los mecanismos previstos en la reforma del Banco Central. Eso permitiría a una administración eludir las restricciones establecidas por ley.
El antecedente más grave, según la fuente, ocurrió durante los gobiernos kirchneristas. La intervención política en el INDEC generó cuestionamientos sobre las cifras de inflación, pobreza y actividad económica. Esa manipulación se convirtió, según el documento, en uno de los símbolos del deterioro institucional de esa era.
El eventual blindaje no tiene redacción definitiva. El respaldo inicial de Milei, según la fuente, busca complementar la prohibición de financiar el déficit con emisión.
Pulso Global subraya el fondo del asunto: sin estadísticas confiables, el libre mercado opera a ciegas. La reforma del Banco Central pierde sentido si una administración futura puede mover los índices a conveniencia. Blindar al INDEC no es tecnocracia; es el piso mínimo de cualquier Estado de derecho que respete al ciudadano y al inversor.
