MEXICO (Pulso) — La nueva Ley de Telecomunicaciones de México concentra el debate sobre libertad de prensa. La columnista Rosario Guerra, en El Financiero, detalla sus disposiciones centrales.
Lo que establece la ley, según Guerra. Se crea una autoridad reguladora con facultades para determinar qué contenidos pueden difundirse y cuáles no, bajo criterios que —según la columnista— «le permitirían calificar la información como falsa o verdadera». La ley prohíbe a periodistas cubrir hechos delictivos que sucedan en el momento, describe Guerra. Cada medio deberá elaborar un código de ética sujeto a lineamientos de esa autoridad.
Defensores de audiencias. Cada medio nombrará un defensor de audiencias. Su criterio no será apelable, siempre que se apegue al código de ética, según la fuente. Las multas se impondrán a criterio de la Comisión y serán ejecutadas por el SAT.
Requisas y control accionario. La Agencia —entidad mencionada en la ley— podrá realizar requisas de medios de comunicación, de acuerdo con Guerra. Los concesionarios deberán informar del control accionario a partir de un cinco por ciento y requerirán autorización de la Comisión para incorporar nuevos socios.
Finanzas y competencia. La norma crea concesiones de radio social sin pago de contraprestación y con recursos públicos, lo que Guerra califica de competencia desleal. También establece límites a la transmisión de mensajes publicitarios.
Reacciones. La CIRT considera la ley una regresión democrática, según la columna. Artículo 19 ya se pronunció contra esta regulación. Guerra menciona auditorías simultáneas a medios, con presencia en instalaciones de Reforma y TV Azteca.
Lectura editorial. Para Pulso Global, el patrón es conocido: el aparato estatal avanza sobre la libre empresa informativa con el pretexto de proteger audiencias. Cuando el gobierno decide qué es verdad, el periodismo muere. La presión fiscal vía SAT y los tribunales especializados —en un Poder Judicial cuestionado— dejan a los medios sin defensa real. El contribuyente financia la competencia desleal; la prensa independiente paga el costo.
