MEXICO (Pulso) — El juez Brian Cogan sentenció a Ismael «El Mayo» Zambada a cadena perpetua. También avaló decomisar bienes por 15,000 millones de dólares al cofundador del Cártel de Sinaloa.
La presidenta Claudia Sheinbaum respondió este martes a pregunta expresa sobre si México reclamará parte de ese dinero. «Vamos a ver con la Fiscalía. No quiere decir que ya se hayan decomisado», dijo. Pidió a la fiscal Ernestina Godoy que informe sobre el asunto.
Hay un problema de fondo. La propia fiscalía federal de Brooklyn admitió que no ha podido localizar ninguno de los activos de Zambada. El decomiso es una orden judicial; el dinero, por ahora, no existe en manos del Estado.
El fiscal Joseph Nocella declaró que la sentencia «aportará justicia a las víctimas del Cártel de Sinaloa». Zambada, según Nocella, «pasó casi cuatro décadas envenenando comunidades estadounidenses para obtener miles de millones de dólares en ganancias».
Sheinbaum también acusó al exembajador Ken Salazar de haber mentido a México sobre el operativo de captura. Salazar sostiene que EU no colaboró con Joaquín Guzmán López «El Güero», quien presuntamente secuestró a Zambada. La presidenta señaló que EU no ha facilitado los requerimientos de información pedidos por México.
Sobre una posible entrevista con el capo, Sheinbaum indicó que la FGR analizará si es necesario y conveniente.
Zambada pidió perdón en carta preparada para la audiencia. «Se pierden demasiadas vidas, se destruyen demasiadas familias», escribió. Sheinbaum se mostró escéptica: «Viniendo de quien viene es difícil citarlo».
La imagen que deja esta semana es reveladora. El aparato de seguridad mexicano llega tarde, sin información y a pedir moche de un decomiso que ni siquiera se ha ejecutado. Mientras tanto, la violencia en Sinaloa —consecuencia directa, según la propia presidenta, de la captura de Zambada— sigue sin resolverse. El Estado de derecho no se construye reclamando dividendos del crimen ajeno; se construye con instituciones que investiguen, detengan y procesen en casa.
