BRASIL (Pulso) — Confirmado. Los precios de los alimentos en Brasil acumulan una suba del 67,2% desde 2020. Superan por más de 20 puntos la inflación general del IPCA, que fue del 44,8%.
El detonante inmediato es el dólar. Desde finales de octubre subió cerca de un 20%, hasta 5,90 reales por unidad. Según Folha de Sao Paulo, ese encarecimiento de la divisa se trasladará a los precios tras el cambio de año, al reponerse inventarios.
El transporte agrava el cuadro. En Brasil, granos, frescos y alimentos procesados viajan mayoritariamente en camiones. El gobierno decidió eliminar el subsidio a la importación de diésel, que había sido creado justo antes de la segunda vuelta. Según la estimación citada, el litro subirá más de 0,40 reales. A ello se suman los efectos de El Niño sobre la producción agrícola.
Las regulaciones laborales también suman costos. Según las cámaras empresariales, la legislación que establece una semana de ochenta horas con dos francos pagos elevará un 10% el salario por hora y los costos de personal del sector un 8,6%. Ese gasto termina trasladado al precio final.
La industria alimentaria advierte que no tiene margen. Cleber Sabonaro, de la Abia, que agrupa a 42.000 empresas, afirmó: «lo preocupante es la combinación de factores». Según él, el flete acumuló un aumento de 13 dólares este año por el diésel. Los precios de los alimentos procesados ya subieron un 10% entre enero y octubre.
Andre Braz, de la Fundación Getulio Vargas, coincidió en la tendencia: «la tendencia de la inflación alimentaria es al alza». Ahora alcanza productos básicos como el arroz y la carne.
Lectura de la casa. Cada punto de inflación en la mesa golpea a quien menos tiene. Según los datos citados, el 87% de quienes ganan hasta dos salarios mínimos destina la mayor parte de su ingreso a la alimentación, y ese segmento incluye al 70% de los ocupados del país. Es el electorado que dio a Lula la mayoría en el balotaje.
El costo de esta gestión no se mide en discursos sino en carritos de supermercado. Subsidios que se eliminan, cargas regulatorias sobre el empleo y una moneda que pierde valor forman una receta que el contribuyente y el consumidor pagan dos veces: en la tienda y en el bolsillo. Mientras la intervención estatal sigue creciendo, la libre empresa brasileña queda con menos margen para absorber el golpe.



