BRASIL (Pulso) — Lula da Silva lanzó el viernes un desafío directo. «Mientras viva, la extremaderecha no volverá a gobernar el país», afirmó en un acto del Partido de los Trabajadores en Fortaleza. Nombró a Donald Trump y a Javier Milei: «Que venga quien quiera».
El acto confirmó candidaturas clave para octubre. Elmano de Freitas irá por la gobernación de Ceará. Gabriella Aguiar será su segunda. Cid Gomes buscará el Senado.
Lula también dijo necesitar senadores porque «la mitad» de la Cámara Alta está «podrida», según recoge G1.
La mención a Milei tiene contexto. Hace una semana, el presidente argentino participó en un acto de campaña de Flávio Bolsonaro. Allí, según la fuente, dedicó «todo tipo de insultos» a Lula y a otras autoridades brasileñas.
Ese mismo viernes, el Gobierno brasileño rechazó la prórroga de un año de las sanciones de Estados Unidos. El comunicado oficial calificó de «completamente descabellado» situar a Brasil como amenaza para Washington.
Mientras Lula agitaba la campaña, la Corte Suprema actuaba. El magistrado André Mendonça autorizó una segunda investigación por tráfico de influencias contra Fábio Luís Lula da Silva, conocido como Lulinha, hijo mayor del presidente. La primera, autorizada el jueves, investiga gestiones con el Ministerio de Salud para comercialización de cannabis medicinal.
Esta segunda pesquisa apunta a negocios con Dataprev, empresa pública que administra datos del INSS. Según O Estado de S. Paulo, las autoridades tienen indicios de que un empresario tecnológico «pagó al menos un viaje de Lulinha» a cambio de contratos con el Gobierno federal.
Lulinha reside en España. El empresario señalado es Cleber Ribas de Oliveira.
El cuadro es revelador. Lula escala la retórica electoral y apunta al exterior como amenaza. Pero el aparato judicial propio de su Gobierno abre frentes contra su familia directa. Dos investigaciones en dos días contra su hijo mayor, en vísperas del arranque oficial de campaña, son un lastre que ningún discurso de Fortaleza puede neutralizar. El principio es simple: la rendición de cuentas no distingue apellidos.
