VENEZUELA (Pulso) — El 6 de mayo de 1812, el Congreso de Estados Unidos aprobó el primer programa oficial de ayuda humanitaria internacional de su historia. El destinatario: Venezuela.
El terremoto del 26 de marzo de 1812 había devastado Caracas, La Guaira, Mérida, El Tocuyo y San Felipe. Las estimaciones tradicionales calculan unas 20.000 víctimas fatales.
El presidente James Madison recibió los primeros informes el 22 de abril. Una semana después, el representante Nathaniel Macon presentó una resolución de auxilio. Ambas cámaras aprobaron el proyecto el 6 de mayo.
Madison promulgó la ley dos días después. Autorizó al Ejecutivo a comprar suministros y entregarlos «en nombre del gobierno de los Estados Unidos al de Venezuela». El techo de gasto: 50.000 dólares.
Cinco embarcaciones transportaron harina de trigo y maíz hacia las costas venezolanas. La misión era estrictamente humanitaria. No implicaba reconocimiento diplomático de la independencia venezolana.
Mientras los buques cruzaban el Caribe, la situación cambió radicalmente. El capitán general realista Domingo de Monteverde avanzó desde Coro por Barquisimeto, Valencia y Caracas. Las fuerzas realistas recuperaron el control del territorio. El puerto de La Guaira quedó bajo dominio español.
Washington designó a Alexander Scott para supervisar la distribución. Scott llegó a La Guaira el 27 de junio de 1812. Lo que encontró no era la misión que esperaba cumplir.
En carta al secretario de Estado James Monroe, fechada el 16 de noviembre de 1812, Scott denunció que Monteverde se había apoderado de parte de los cinco buques con harina y maíz. Según el documento, una porción fue usada para abastecer a las tropas realistas. Otra fue vendida a precios superiores a los del mercado. Los recursos quedaron bajo administración de los comandantes españoles para sostener operaciones militares.
El 12 de diciembre de 1812, Jacob Clement, propietario de dos de los buques, escribió desde Filadelfia a Monroe para advertirle sobre lo ocurrido en La Guaira.
La ayuda enviada para aliviar el hambre terminó convertida, en parte, en recurso logístico de la guerra.
Este episodio ilustra una constante que el libre mercado conoce bien: la ayuda estatal canalizada a través de estructuras de poder sin controles efectivos es vulnerable a la captura por quienes detentan la fuerza. El dinero del contribuyente estadounidense, aprobado con unanimidad parlamentaria, no llegó a las víctimas porque el aparato militar que controlaba el territorio lo absorbió. El precedente humanitario quedó; la lección sobre los límites del Estado como distribuidor, también.
