ARGENTINA (Pulso) — Confirmado. La Justicia intimó a la Casa Rosada a informar en cinco días cuántas hectáreas de la provincia de Buenos Aires están en manos extranjeras y dónde están ubicadas. También ordenó preservar todos los datos e informes públicos relevantes sobre compras de tierras por parte de extranjeros.
El Juzgado Contencioso y Administrativo N°4 de La Plata hizo lugar a una cautelar de la Defensoría del Pueblo bonaerense. El planteo busca acceder a información y resguardar documentación sobre tierras rurales durante la vigencia de la ley de tierras.
Esa norma fue sancionada en 2011. Quedó derogada por el DNU 70/2023, firmado por Javier Milei. El martes pasado, la Corte Suprema dejó a salvo el artículo de ese decreto que eliminó la ley.
La Defensoría, encabezada por Guido Lorenzino, había advertido que la caída de la ley eliminó mecanismos de control, el mapa dominial y restricciones a la venta de campos a titulares extranjeros. Según ese organismo, eso pone en riesgo el conocimiento del territorio y la protección del medio ambiente en distritos como Campana y Zárate.
El juzgado dio al Ministerio de Justicia de la Nación un plazo de cinco días para precisar hasta qué fecha se actualizaron las bases de datos. También le ordenó garantizar la conservación íntegra de los antecedentes registrales recolectados en los últimos 15 años.
En su fallo, el juzgado consideró que la pérdida o alteración de esta información provocaría un daño irreversible para la planificación y el desarrollo sostenible de la Provincia.
La ley 26.737 fijaba un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales, a nivel nacional, provincial y municipal. También imponía límites por nacionalidad y por titular.
La discusión vuelve a exponer un punto sensible: sin registros claros, el Estado pierde control sobre el suelo rural y sobre un recurso estratégico. La información pública no es un detalle burocrático. Es una condición mínima para cuidar la soberanía sobre la tierra y evitar zonas grises que favorecen la opacidad.
Si el Gobierno cumple la intimación, la Defensoría podría acceder a un registro actualizado. Para los contribuyentes y la propiedad rural, el caso pone en el centro una pregunta básica: quién controla, qué se vende y bajo qué reglas.