ARGENTINA (Pulso) — LA PLATA. — La Justicia aprieta. El aparato político, no.
El último peritaje sobre el patrimonio de Martín Insaurralde, exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, determinó que sus gastos no condicen con sus ingresos en blanco en la función pública. Así lo confirmaron fuentes judiciales a La Nación. La pericia detectó gastos sin respaldo suficiente e inconsistencias patrimoniales en las cuentas de Insaurralde y de Jésica Cirio.
El gobernador Axel Kicillof no pronuncia el nombre de su exfuncionario. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, fue el único en referirse al tema. «Si existió delito, la justicia tendrá que sancionarlo», dijo en conferencia de prensa.
En la Legislatura bonaerense, el silencio es más elocuente. El diputado de La Libertad Avanza Ramón «Nene» Vera presentó un proyecto para investigar si el gobernador conocía las actividades que habrían permitido a Insaurralde acumular una fortuna. Solo cuatro legisladores del bloque lo firmaron: Analía Corvino, Luis Ontiveros, Oscar Liberman y María Fernanda Coitinho.
La mayoría del bloque libertario se abstuvo. El motivo, según la fuente, es político: el diputado Juan Osaba necesita el aval del presidente de la Cámara, Alejandro Dichiara —allegado a Insaurralde— para avanzar en actos administrativos en los próximos meses.
Cerca de Kicillof, en off the record, se argumentó que Insaurralde llegó al cargo a pedido de Máximo Kirchner y que el gobernador no estaba al tanto de los movimientos investigados.
El caso se disparó en 2023, cuando Insaurralde fue fotografiado en un yate en el Mediterráneo junto a Sofía Clerici. Kicillof lo desplazó entonces. Después circularon imágenes de fajos de dólares termosellados en un vestidor.
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Esto es lo que se sabe: el dinero de los contribuyentes bonaerenses financió durante años a un funcionario que hoy enfrenta una causa por enriquecimiento ilícito. El aparato estatal que debería fiscalizarlo prefiere el silencio. Y parte de la oposición, atada a negociaciones legislativas, tampoco presiona. El principio en juego es simple: sin rendición de cuentas, no hay república. La pericia judicial avanza. La política, no.
