ARGENTINA (Pulso) — El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, acusó al presidente Javier Milei de implementar «la extorsión como política de Estado». La columna apareció este domingo en el diario cordobés La Voz del Interior.
El argumento central: el oficialismo recorta transferencias no automáticas y paraliza la obra pública. Luego, según Kicillof, ofrece alivio parcial «a cambio de respaldo político» en el Congreso.
«Convierte al alivio parcial de esa asfixia en una moneda de cambio: un giro de fondos, una autorización, una transferencia o una obra, siempre a cambio de respaldo político», afirmó el gobernador.
Kicillof cifró el impacto: más de $47 billones a precios constantes de pérdida acumulada para las 24 jurisdicciones desde 2023. Eso equivale, según él, a cuatro puntos del PIB y a un recorte de 13,4% en términos reales.
El gobernador vinculó ese mecanismo con la suspensión de las PASO. «No se trata de una reforma pensada para ahorrar recursos, fortalecer la democracia o mejorar la calidad del sistema electoral», escribió. Según él, el objetivo es «modificar las reglas de juego en función de su propia conveniencia política».
Kicillof reclamó un «federalismo profundamente nacional» y convocó a construir «acuerdos mucho más amplios» frente a un «mapa político argentino más fragmentado que nunca».
Lectura de Pulso Global. Las acusaciones de Kicillof llegan desde uno de los mayores ejecutores del gasto subnacional del país: la provincia de Buenos Aires arrastra déficit estructural propio. El debate real no es si el ajuste fiscal duele —duele—, sino si el desorden previo justificaba el nivel de transferencias discrecionales que el kirchnerismo convirtió en instrumento de clientelismo. La suspensión de las PASO es una discusión legítima de diseño electoral; mezclarla con el federalismo fiscal diluye ambos debates. El principio en juego es claro: el dinero de los contribuyentes no debería ser rehén ni del gobierno central ni de los gobernadores.
