PERU (Pulso) — Keiko Fujimori asume la presidencia el 29 de julio. Describió los informes de transición como «desoladores». Puso el foco en obras paralizadas y servicios públicos deficientes.
El contraste con 1990 es contundente. Cuando Alberto Fujimori llegó al poder, las reservas internacionales eran negativas: menos 300 millones de dólares, según el exparlamentario Víctor Andrés García Belaúnde. Hoy el Banco Central reporta aproximadamente 100.000 millones de dólares de respaldo. El PBI creció 3,5% anual, según la misma fuente.
García Belaúnde coincidió en que la administración pública enfrenta problemas graves. Pero introdujo un matiz: la economía cuenta con recursos y estabilidad que no existían en los noventa.
El exministro Juan Sheput apuntó al núcleo del problema. Perú tiene el presupuesto más alto de su historia, dijo. El déficit no es de recursos: es de ejecución y transparencia. La Contraloría General estima pérdidas por corrupción de 25.000 millones de soles anuales. Sheput enumeró síntomas: obras abandonadas, hospitales con problemas y escasez persistente de medicamentos.
El equipo de Fujimori identificó una amplia cantidad de obras públicas paralizadas durante la transición. Desde el 29 de julio, cada ministro presentará un informe sectorial con hallazgos y propuestas de solución.
Las autoridades salientes atribuyen la paralización a factores administrativos, judiciales y presupuestarios.
Lectura editorial. Los números macro desmienten el colapso total, pero no absuelven a la burocracia. Un Estado que pierde 25.000 millones de soles al año en corrupción, con el presupuesto más alto de su historia y obras sin terminar, no sufre de escasez: sufre de aparato estatal ineficiente y capturado. Fujimori hereda una caja sólida y una gestión rota. El desafío no es conseguir recursos; es desmantelar los incentivos que los despilfarran. Ahí está la prueba real de su gobierno.
