CHILE (Pulso) — Santiago, Chile. José Antonio Kast habló desde el Palacio de La Moneda. Anunció una reforma constitucional para consagrar la seguridad como obligación del Estado.
«Proteger la seguridad de las personas es un deber del Estado», afirmó Kast en cadena nacional. Instruyó al ministro de Seguridad, Martín Arrau, avanzar en la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).
El mandatario precisó que más de 10 organizaciones criminales transnacionales operan en Chile. Advirtió que pertenecer a una organización criminal tendrá penas agravadas.
Entre las nuevas figuras penales anunciadas: instalar barricadas en calles y reclutar menores para actividades ilícitas. «Quien reclute a un niño para que dispare, transporte droga o vigile una esquina, va a enfrentar todo el peso de la ley, agravado y sin atenuantes», dijo.
El plan del Ministerio de Seguridad se estructura en tres ejes: prevención, recuperación del control territorial y fortalecimiento institucional. También contempla ampliar el plazo de flagrancia de 12 a 24 horas, un régimen penitenciario especial para narcotraficantes y una nueva agencia para decomisar bienes del crimen organizado.
En materia migratoria, Kast anunció la ampliación de la retención y la capacidad de expulsión de migrantes irregulares.
Sobre la economía, el presidente celebró la aprobación legislativa de la «Ley Miscelánea». Su eje central es la reducción del impuesto a las empresas del 27% al 23%. Sin embargo, según la fuente, resta la discusión de vetos presidenciales sobre enmiendas de la oposición y la decisión del Tribunal Constitucional. El Gobierno busca que la reforma sea aprobada antes de septiembre.
Kast la calificó como «uno de los cuerpos legislativos más importantes que se haya aprobado en los últimos 30 años».
Lectura editorial. Chile avanza en dos frentes simultáneos: orden público y desregulación fiscal. La reforma tributaria —con su reducción de carga a las empresas— apunta a reactivar la inversión privada tras, según el propio Kast, más de una década de estancamiento y deuda pública en máximos históricos. El principio es claro: menos presión fiscal al sector productivo genera más crecimiento. Los obstáculos que aún impone el aparato judicial y la oposición parlamentaria serán la prueba real de si Chile recupera su condición de modelo regional.
