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Kast lanza ofensiva legislativa contra el crimen organizado: más de 30 proyectos y reforma constitucional

El presidente chileno presentó la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) con meta de aprobación antes de Navidad. Los indicadores delictuales ya muestran caídas, según cifras oficiales.
Imagen ilustrativa
jueves 6 de agosto de 2026 · 08:45 UTC

El presidente José Antonio Kast anunció este martes una cadena nacional con una ofensiva legislativa sin precedentes en materia de seguridad.

La denominada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) contempla más de 30 iniciativas. Algunas ya están en el Congreso; otras serán enviadas en los próximos días.

El anuncio central: una reforma constitucional para consagrar la seguridad como deber expreso del Estado. «Por primera vez, el Estado va a decir en su propia Constitución que proteger a su gente no es una opción más, sino una obligación», afirmó Kast según el documento televisado.

Otras medidas clave de la agenda:

- El plazo de flagrancia se amplía de 12 a 24 horas. - Pertenecer a una organización criminal pasará a ser delito con penas agravadas. - Los narcotraficantes que operen desde las cárceles enfrentarán un régimen penitenciario especial. - Los bienes del crimen organizado serán decomisados y destruidos por una nueva agencia estatal. - Se reforzará la protección jurídica para carabineros, policías, gendarmes y militares que actúen en legítima defensa. - Se tipificará como delito la instalación de barricadas y se agravarán las penas por reclutar menores.

Kast citó cifras al 26 de julio: homicidios bajaron 18,7%; secuestros confirmados cayeron 45%; robos violentos disminuyeron en más de siete mil casos; ingresos irregulares por fronteras cayeron 86,5%; incautación de droga aumentó 60%.

El mandatario instruyó al ministro de Seguridad, Martín Arrau, para coordinar la tramitación con el Congreso. Meta declarada: despachar todas las iniciativas antes de fin de año.

Confirmado. En desarrollo.

Lectura editorial. La ACOT representa exactamente lo que el libre mercado y el orden institucional requieren: un Estado que cumple su función primaria de garantizar seguridad, sin excusas. Elevar ese deber a rango constitucional cierra la puerta a gobiernos futuros que prefieran la impunidad al orden. El dato de 86,5% de caída en ingresos irregulares fronterizos y el aumento del 60% en decomisos de droga demuestran que la firmeza produce resultados. Chile observa: cuando el aparato estatal se orienta a proteger a los ciudadanos en lugar de proteger al delincuente, los números mejoran.

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