ARGENTINA (Pulso) — Confirmado. Los pliegos de los jueces Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania llevan 80 días congelados en el Senado. Así lo reporta La Nación.
La orden partió de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. El ejecutor es Juan Carlos Pagotto (La Rioja), presidente de la Comisión de Acuerdos y alineado a los primos Martín y Eduardo «Lule» Menem.
Ambos jueces se presentaron en audiencia pública el 6 de mayo. Ese día, según la fuente, ningún senador planteó objeciones. Oficialistas y oposición dialoguista firmaron los dictámenes.
Días después, desde la Casa Rosada instruyeron a la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, para detener el avance. Los senadores retiraron sus firmas. Los pliegos perdieron todo respaldo.
El motivo señalado por el Gobierno es el vínculo de los postulantes con la conducción de la AFA. Claudio Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la entidad, son investigados por lavado de dinero y evasión fiscal.
En el caso de Galván Greenway, el vínculo es directo según la fuente: el 24 de abril dictó el sobreseimiento de Tapia en una causa iniciada en 2018 por lavado de dinero. El juez señaló que Tapia podía justificar su patrimonio.
Para Catania, el vínculo es más difuso. Según rumores recogidos por La Nación, su ascenso podría favorecer a Tapia y Toviggino en apelaciones futuras.
El congelamiento tuvo efecto concreto. Un día antes del inicio del Mundial, la Cámara de Apelaciones —sin Catania ni Galván Greenway— derivó el expediente de la mansión de Pilar atribuida a Toviggino a la jueza María Verónica Straccia.
Luego irrumpió la Cámara Federal de Casación Penal. Los camaristas Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky aceptaron un recurso de queja. Fijaron audiencia para la segunda semana de agosto.
Pulso Global observa: el aparato estatal puede mover o inmovilizar nombramientos judiciales con notable precisión quirúrgica. El resultado práctico —una Cámara con composición distinta en el momento clave— habla por sí solo. La pregunta que queda abierta es si el Poder Ejecutivo usa el Senado como herramienta de política judicial o como garantía legítima de idoneidad. Esa distinción importa al estado de derecho.
