COLOMBIA (Pulso) — Un juez federal de Nueva Jersey ordenó la liberación inmediata de Marlon Andrés Torres Gómez. El colombiano había recibido autorización de un juez de inmigración para salir voluntariamente de Estados Unidos.
Agentes del ICE lo detuvieron antes de que pudiera abordar el vuelo. Lo trasladaron al centro de detención Delaney Hall, en Newark. Allí permaneció retenido más allá del 11 de junio, fecha límite fijada por el juez migratorio.
Vencido el plazo, el ICE activó una orden definitiva de expulsión. Argumentó que Torres Gómez no había salido dentro del término establecido. Su defensa presentó una demanda.
El juez federal Michael Farbiarz, del Tribunal de Distrito para Nueva Jersey, falló en seis páginas. Concluyó que la actuación del ICE vulneró el debido proceso. Escribió: «Al demandante se le había ordenado marcharse y estaba listo para hacerlo».
Farbiarz añadió que, ante la ausencia de un proceso estructurado, «se cometió un error y el demandante permaneció bajo custodia después del 11 de junio». Señaló que Torres Gómez había comprado un tiquete aéreo, prueba de su intención de cumplir.
El magistrado concluyó que el Gobierno no podía impedirle salir voluntariamente y luego usar ese incumplimiento como justificación para mantenerlo detenido. Ordenó su liberación inmediata. Torres Gómez podrá cumplir la salida voluntaria originalmente aprobada.
Lectura editorial. El caso expone una paradoja burocrática: el aparato estatal bloqueó el cumplimiento de una orden judicial y luego invocó ese mismo bloqueo como causa de detención. Un tribunal independiente corrigió el exceso. Eso es exactamente lo que debe hacer el estado de derecho. La aplicación de la ley migratoria gana legitimidad cuando opera con procedimientos claros; la pierde cuando fabrica incumplimientos que ella misma provocó.
