COLOMBIA (Pulso) — Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro, concedió una entrevista a SEMANA días antes del fin del mandato.
Sobre el exilio, fue directa. «No lo veo pidiendo exilio», dijo. Explicó que su padre «no va a estar más de tres meses por fuera» del país. Añadió que, al tener raíces europeas, puede vivir allí «como un ciudadano normal» sin necesidad de protección internacional. «Por el momento no hay ningún contexto contra él», afirmó.
Sin embargo, advirtió una complicación concreta. Según Andrea Petro, su padre figura en la Lista OFAC. «No puede viajar, salir del país; es muy complicado», dijo, aunque aclaró que podría hacerlo antes del 7 de agosto. Lo descartó de todas formas: «Lo dudo demasiado».
Sobre la casa en Chía, desmintió que la venta sea consecuencia del divorcio. «Esa casa de Chía está en venta desde hace diez años», señaló. Estimó el valor entre «2.000 o 3.000 millones de pesos». Agregó que la venta es difícil porque tanto Petro como Verónica Alcocer «están en la Lista Ofac», según sus palabras, lo que complica cualquier negocio sobre ese bien.
Sobre Angie Rodríguez, ex funcionaria que ha lanzado señalamientos contra el gobierno, Andrea Petro fue escéptica. «Es todo menos ingenua», dijo. Calificó el conflicto entre su padre y Rodríguez de «pelea de telenovela». Sobre las denuncias contra Juliana Guerrero, reconoció haber recibido quejas de «actitudes bastante prepotentes» de esa figura dentro del gobierno.
Sobre Abelardo De La Espriella, futuro presidente, Andrea Petro señaló que «puede gritar y tratar de meter a mi papá a la cárcel», pero descartó riesgo inmediato. También sugirió que Rodríguez «quizás busca un lugar seguro en el Gobierno de Abelardo De La Espriella».
Pulso Global observa: la entrevista revela un gobierno que termina con frentes abiertos. La Lista OFAC —una designación del aparato regulatorio estadounidense— limita la movilidad y los negocios de quienes la integran. Que figuras del poder saliente enfrenten esas restricciones no es un dato menor para quienes defienden el estado de derecho y la transparencia en el manejo de bienes. El nuevo gobierno hereda ese escenario.
