PANAMÁ (Pulso) — Confirmado. El Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) demandó ante la Corte Suprema de Justicia la anulación del Acuerdo No. 162 de junio de 2025. Ese acuerdo, aprobado por el Concejo Municipal a solicitud del alcalde Mayer Mizrachi, convirtió el Departamento de Vigilancia de la Alcaldía en la Policía Municipal.
La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo admitió la demanda. El 3 de julio de 2026, la Alcaldía fue notificada. La magistrada María Cristina Chen, presidenta de la Corte, lleva el caso.
Previamente, la Policía Nacional había presentado una demanda de inconstitucionalidad contra el mismo acuerdo. No fue admitida. La notificación de rechazo llegó a la Alcaldía el 11 de junio de 2026. El Minseg optó entonces por la vía contencioso-administrativa, que sí prosperó.
El Minseg argumenta que el acuerdo invade competencias constitucionales exclusivas de los estamentos de seguridad del Estado. El vicealcalde Roberto Ruiz Díaz coincide: sostiene que la norma crea rangos —subteniente, teniente, capitán— no contemplados en la legislación de gobiernos locales.
La Alcaldía respondió con un comunicado. Señaló que fue admitida como tercero interesado mediante resolución del 3 de julio. Aún está pendiente la vista fiscal de la Procuraduría de la Administración.
El Acuerdo 162 también fijó requisitos físicos nuevos: estatura mínima de 1.65 m para hombres y 1.60 m para mujeres, e IMC entre 18 y 26. Regula además el uso progresivo de la fuerza y el porte de armas de fuego, registradas ante el propio Minseg.
En agosto de 2025, el ministro Frank Ábrego consultó a la procuradora Grettel Villalaz sobre los límites del acuerdo. Villalaz no respondió: anticipó que el asunto llegaría a tribunales.
Lectura editorial. La disputa revela una tensión clásica entre autonomía municipal y soberanía del Estado en seguridad pública. Mizrachi apostó por dotar a la ciudad de un cuerpo propio con capacidad real. El aparato central respondió con recursos legales. Lo que está en juego es quién controla el orden en la capital —y quién rinde cuentas ante el ciudadano que paga la factura.
