MEXICO (Pulso) — La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, admitió la autenticidad de una grabación difundida por el columnista Héctor de Mauleón en El Universal. En ella, según el texto de Riva Palacio en El Financiero, Ávila ofrece colaborar con autoridades estadounidenses y proporcionarles información de reuniones de gabinete sobre seguridad.
El motivo, según la columna: paliar la amenaza de que el Departamento de Justicia la acuse formalmente de nexos con cárteles de las drogas.
La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, minimizaron ayer los ofrecimientos de Ávila. García Harfuch afirmó que la gobernadora no habría tenido acceso a información confidencial en las reuniones donde participaba. Riva Palacio califica esa respuesta de «salida en falso».
Según la columna, las agencias estadounidenses no buscan secretos técnicos. Buscan ampliar líneas de investigación sobre el crimen organizado y sus nexos con la política mexicana.
El texto detalla una cronología de hechos previos. En mayo del año pasado se canceló la visa de Ávila. Su primera reacción fue llamar a Andrés Manuel López Obrador, quien le prohibió solicitar licencia al cargo. El gobierno preparó entonces una estrategia de blindaje: Ávila se divorció formalmente de su esposo Carlos Torres, señalado como objetivo primario de investigaciones estadounidenses por vínculos con Los Rusos, subsidiaria del Cártel de Sinaloa. La Fiscalía General abrió una investigación contra Torres, según la columna, para «ganar tiempo y ralentizar las averiguaciones».
Ávila actuó luego por cuenta propia. Contactó intermediarios de autoridades estadounidenses sin informar al gobierno federal. Una primera grabación se difundió a finales de junio. Una segunda, más comprometedora, se publicó esta semana.
Según Riva Palacio, esa segunda grabación «rompe por completo con los acuerdos establecidos en Palacio Nacional», donde el gobierno se comprometió a defender a gobernadores y políticos de la 4T a cambio de que no cooperaran con la justicia estadounidense.
Lectura editorial. El caso Ávila expone una fractura estructural del aparato oficialista: las lealtades dentro del régimen duran exactamente hasta que la libertad personal está en riesgo. Cuando el Estado no puede garantizar protección real frente a una acusación federal extranjera, el pacto político se disuelve. El ciudadano de a pie, que no tiene ni visa ni abogados en Miami, observa cómo el mismo aparato que predica soberanía negocia en silencio con la justicia del vecino. La pregunta que queda abierta es cuántos eslabones más de la cadena están en la misma posición que Ávila.
