COLOMBIA (Pulso) — Confirmado. La gerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, encendió las alarmas el 23 de julio de 2026. Ese día se expidió el Decreto 0802. El decreto declara emergencia por el fenómeno de El Niño.
Dos días antes, en el Consejo de Ministros del 21 de julio, el presidente Gustavo Petro dio la orden en público. «El billón de pesos que está en el Fondo Adaptación se traslada por orden presidencial para la emergencia. Era para la selva, no lo gastaron. Están guardados, se trasladan», afirmó Petro, según las fuentes.
El fondo respondió ese mismo 23 de julio. Envió un concepto formal a Presidencia, Ministerio de Hacienda, UNGRD, Contraloría, Procuraduría y Defensoría del Pueblo. El documento es claro: los recursos no son $1 billón sino aproximadamente $1,2 billones. Están aprobados mediante tres decretos. Su ejecución está programada hasta 2029. Son para proyectos en La Mojana.
«Los recursos no corresponden a disponibilidades presupuestales libres, saldos ociosos ni recursos susceptibles de libre reasignación, sino a recursos públicos con destinación específica, jurídicamente comprometidos», precisa el documento, según Semana e Infobae.
Rodríguez señaló además que el fondo nunca fue convocado a ninguna mesa técnica previa. «No conoce un documento técnico, jurídico, presupuestal o financiero que sustente la viabilidad de una eventual reasignación», indica el texto oficial.
La gerente advirtió sobre responsabilidades penales. Recordó que el Código Penal contempla el prevaricato por acción y por omisión. «Los servidores públicos no administran recursos conforme a criterios de oportunidad política sino conforme a competencias legales previamente definidas», remató el documento.
Según Semana, Rodríguez se encuentra en incapacidad médica por hostigamientos relacionados con sus denuncias contra el Gobierno Petro. El fondo pidió a las autoridades que no se tomen represalias contra ella.
Esto es lo que se sabe. Para Pulso Global, el episodio ilustra un patrón: un aparato estatal que, en sus últimas horas, intenta redirigir dinero de los contribuyentes comprometido en proyectos concretos. La resistencia institucional de Rodríguez —con alertas formales y advertencias penales— es exactamente el tipo de contrapeso que el estado de derecho exige. El presidente electo De la Espriella recibirá un fondo bajo presión. La transición ordenada depende de que los entes de control actúen ahora.
