MEXICO (Pulso) — Confirmado. Los gases tóxicos de aguas residuales en el Río Tijuana superan los estándares de seguridad el 10% del tiempo. En 2024 esa cifra era del 2%, según reportó The California Post esta semana.
El río recorre la frontera entre ambos países. Sus tramos bajos cruzan hacia Estados Unidos antes de desembocar en el Pacífico. Tres cuartas partes de la cuenca están en territorio mexicano.
Las consecuencias son visibles. Imperial Beach, conocida por su muelle y sus olas, figura hoy entre las costas más contaminadas del país. En Coronado, las playas quedan desiertas cuando las autoridades instalan señales de advertencia por descarga de aguas residuales.
La amenaza no es solo ambiental. Los Navy SEALs y otras unidades militares especializadas entrenan en las aguas frente a Coronado. La contaminación representa, según la fuente, un riesgo para la seguridad nacional.
El primer gobierno de Trump financió una planta de tratamiento en el lado estadounidense, enmarcada en el acuerdo comercial USMCA. La segunda administración fue más lejos: firmó un acuerdo con México en el que el país vecino se comprometió a construir nuevas instalaciones de tratamiento en su propio territorio, sin costo para el contribuyente americano.
El gobernador de California, Gavin Newsom, pide a Trump más financiamiento federal para el tratamiento del agua. Ambos niveles de gobierno coinciden, sin embargo, en que el problema debe resolverse.
La pieza de opinión concluye con un llamado directo: Trump debe exigir a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que acelere las obras, o enfrentar consecuencias.
Lectura editorial. El acuerdo ya existe. México firmó. El problema es la velocidad de ejecución del aparato estatal mexicano. Mientras la burocracia dilata, son los contribuyentes y residentes estadounidenses quienes pagan el costo: playas cerradas, salud en riesgo, entrenamiento militar comprometido. La presión diplomática no es una opción; es la única palanca disponible cuando la contraparte incumple lo acordado.
