ARGENTINA (Pulso) — El constitucionalista Roberto Gargarella publicó una columna en La Nación. Su tesis: la Corte Suprema argentina practica una pasividad sistemática. La disfraza de «deferencia» hacia el poder político. Para Gargarella, eso es un error de fondo.
El autor identifica dos problemas. Primero: la conducta omisiva del tribunal expresa una postura política cuestionable. No es un principio doctrinario sólido. Segundo: la deferencia sin condiciones resulta tan reprochable como el activismo judicial ciego.
Gargarella repasa el origen de la doctrina. El académico James Thayer sostuvo en 1893 que los tribunales no debían atacar leyes del Congreso salvo «error manifiesto». El juez Oliver Wendell Holmes siguió esa línea. Felix Frankfurter se convirtió en su principal defensor. Alexander Bickel la sistematizó en su libro The Least Dangerous Branch.
Pero el argumento tiene un límite lógico, según el autor. La deferencia se justifica solo si las decisiones políticas son genuinamente democráticas. Cuando no lo son, el argumento se cae.
Gargarella describe un escenario concreto. Un gobierno que gobierna por decretos. Que desobedece órdenes judiciales. Que ignora leyes del Congreso. Que restringe a periodistas y trata a sus críticos como enemigos. Ante ese cuadro, dice, la Corte debe intervenir. Debe hacerlo con vigor y frecuencia. No como concesión ocasional. Como obligación institucional.
Cuando el tribunal no actúa, concluye Gargarella, su silencio no es respeto. Es irresponsabilidad.
Lectura editorial. La columna llega en un momento de tensión institucional en Argentina. El argumento de Gargarella apunta en todas las direcciones: cualquier gobierno que concentre poder queda en el blanco. El principio es claro: la separación de poderes no es opcional. Un tribunal que calla ante decretos que reemplazan al Congreso no protege la democracia. La abandona. Eso tiene un costo para todos los ciudadanos, sin importar su signo político.
