PERÚ (Pulso) — Lima, 8 de agosto. Confirmado.
Keiko Fujimori recibió este sábado al fiscal general Tomás Gálvez en el Palacio de Gobierno. El gabinete de seguridad estuvo completo: el premier Luis Galarreta y los ministros del Interior, César Astudillo; de Defensa, Rafael Belaúnde; y de Justicia, Ernesto Álvarez. También participó la fiscal suprema Patricia Benavides.
«Iremos con mucha fuerza para que los delincuentes terminen en prisión», declaró Fujimori en un comunicado de la Presidencia. Añadió que su Gobierno será aliado del sistema de justicia: «ayudarlos, empoderarlos y darles los recursos que necesitan».
Fujimori reiteró su «absoluto respeto» a la autonomía de los poderes del Estado. Anunció que en los próximos días se reunirá con la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello.
Gálvez presentó un diagnóstico del Ministerio Público. Destacó la importancia del fortalecimiento institucional y del trabajo conjunto con la Policía. Agradeció la convocatoria y confirmó disposición a coordinar con el Ejecutivo.
El ministro Álvarez fue más lejos. Anunció «reformas profundas» al Código Procesal Penal porque, según dijo, este ha «fracasado» y «no sirve al propósito de la justicia». Comparó el sistema peruano con el de Estados Unidos, donde los jueces resuelven casos en minutos. Calificó la reforma de «urgente».
Álvarez también describió el inicio del Gobierno de Fujimori —que asumió el 28 de julio— como «una nueva etapa de reconciliación y de búsqueda del consenso».
Esto es lo que se sabe.
El mensaje de la reunión es inequívoco: el aparato estatal peruano se pone en modo ofensivo frente a la inseguridad. La coordinación entre Ejecutivo, fiscalía y policía era una deuda histórica. Que el nuevo Gobierno la aborde en sus primeras semanas señala prioridades claras. La reforma al Código Procesal Penal, si prospera, sería la apuesta más ambiciosa: más velocidad judicial significa menos impunidad para el crimen y más certeza para el ciudadano.
