PERU (Pulso) — Lima, 8 de agosto. Keiko Fujimori inició su mandato con un plan de seguridad centrado en dos ejes. Primero: despliegue de las Fuerzas Armadas en zonas de emergencia. Segundo: asistencia militar a la Policía Nacional del Perú (PNP).
El especialista Mario Medrano señaló que la estrategia apunta a proteger a la población comerciante ante la extorsión del crimen organizado. Sin embargo, advirtió que las medidas presentadas ante el Congreso «no se extendieron más allá de los parámetros básicos».
Andrés Gómez de la Torre, exdirector de la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI-DINI), describió un encuadre geopolítico preciso. Según él, Fujimori llamó «referente» a Javier Milei. Además, anunció su intención de integrarse al «Escudo de las Américas» de Donald Trump y conformar un tridente andino con Bogotá y Quito.
Iván Witker, investigador de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE), afirmó: «El ítem seguridad explica en gran medida el triunfo de Keiko Fujimori». Witker subrayó que recurrir a las Fuerzas Armadas «es una tarea ineludible cuando se producen desbordes».
El diagnóstico del crimen es severo. Según Gómez de la Torre, la minería ilegal —en particular el tráfico de oro— desplazó al narcotráfico como principal actividad criminal. La debilidad del aparato judicial y la penetración de bandas extranjeras explican ese desplazamiento.
Medrano identificó además la presencia de facciones del Tren de Aragua —Los Gallegos, El Tren del Llano, Los Hijos de Dios, la Dinastía Alayón— y del grupo local Los Pulpos de Trujillo. Coches bomba, descuartizamientos y extorsiones sistemáticas marcan el escenario.
Gómez de la Torre responsabilizó a gobiernos anteriores: «varios evitaron asumir los costos políticos de enfrentar el problema; solo lo 'gerenciaron'». Medrano, por su parte, recordó que Fujimori ejerció gobernabilidad durante años a través de su mayoría en el Congreso, sector también señalado por investigaciones de corrupción, según la fuente.
Perú mantuvo solidez macroeconómica gracias a la independencia de su Banco Central. Pero, según Witker, «la fragmentación legislativa y el declive presidencial volvieron muy vulnerables las estructuras del Estado».
Pulso Global observa que el verdadero test no es el decreto de emergencia sino la continuidad. La constante rotación de presidentes y ministros del Interior durante la última década impidió consolidar estrategias de inteligencia de largo plazo. Esa herencia pesa. El libre mercado y el orden público requieren Estado de derecho estable, no solo mano dura episódica. Los próximos meses dirán si el aparato institucional resiste la presión.
