PERU (Pulso) — El gobierno de Keiko Fujimori prepara un paquete de reformas laborales. Lo haría vía facultades legislativas ante el Congreso. El borrador de la exposición de motivos ya circula.
La medida central: graduar la CTS y las gratificaciones por nivel salarial. A mayor sueldo, beneficios completos. A menor sueldo, beneficios proporcionales. Lo mismo aplicaría para aportes a pensiones y EsSalud.
El documento oficial lo confirma: «graduar la CTS y las gratificaciones por nivel salarial, hasta alcanzar los beneficios completos en los tramos superiores».
Según el exviceministro de Trabajo Fernando Cuadros, la propuesta recoge un planteamiento anterior de Macroconsult. Cuadros recuerda que ese esquema fijaba el umbral de beneficios completos en 7 UIT anuales, equivalentes a S/38.500. Dividido entre 15 pagos, resultaría en S/2.567 mensuales. Cuadros advierte que la cifra exacta «estaría por confirmarse en la medida final».
El exviceministro ilustra el impacto: un trabajador con salario mínimo recibiría, según ese modelo, solo 10 días de vacaciones en lugar de 30, y una tercera parte de cada gratificación. «Mientras menos ganas, accedes a menos derechos», resume Cuadros, quien califica la medida de «regresiva».
El Gobierno responde que la reforma «no busca reducir beneficios sino eliminar los incentivos normativos que mantienen a la pequeña empresa en la informalidad». El borrador plantea reemplazar los distintos regímenes laborales por un «esquema único» con derechos que aumentan progresivamente. Señala además que la reforma tributaria y la laboral deben aprobarse de forma coordinada.
El actual ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, fue socio de Macroconsult, firma que elaboró la propuesta original, según consigna Infobae Perú.
Lectura editorial. La lógica del esquema es sólida en un punto clave: los costos laborales rígidos son uno de los principales motores de la informalidad en el Perú. Un régimen único y progresivo puede ampliar la cobertura formal para millones de trabajadores hoy sin ningún beneficio. El debate real no es si los derechos deben existir, sino si la rigidez actual los hace inalcanzables para la mayoría. El Congreso tiene ahora la palabra.
