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Flavio Bolsonaro denuncia que el juez le incautó el pasaporte siete minutos después de su derrota electoral en Brasil

El senador afirma que la decisión fue un ataque político orquestado por el sistema judicial brasileño, y pidió asilo en Estados Unidos tras huir del país.
Foto: Fox News
domingo 22 de noviembre de 2026 · 18:53 UTC

Flavio Bolsonaro acusa al establishment político y judicial de Brasil de haberle arrebatado la elección presidencial. Lo dijo en una entrevista exclusiva con Fox News Digital.

Según Bolsonaro, perdió «no contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sino contra el sistema». Sus declaraciones no han sido verificadas de forma independiente.

La elección fue muy reñida. Lula da Silva obtuvo el 51,8 % de los votos, frente al 48,2 % de Bolsonaro.

Poco después, la Corte Suprema anuló los pasaportes del senador. Bolsonaro, su familia salieron del país. Cruzaron a Argentina y volaron a Miami, donde el presidente Donald Trump les concedió asilo político.

Bolsonaro sostiene que se fue «por el bien de Brasil». Dice que seguirá la lucha contra el juez Alexandre de Moraes y el Supremo brasileño. Según él, hay interferencia electoral y persecución política.

El senador asegura que el caso fue fabricado. Lo describe como una investigación abierta «a pocos días» de la votación, con el fin de dañar su reputación. Insiste en que la acción contra sus pasaportes llegó «siete minutos» después del anuncio oficial de resultados.

Bolsonaro reconoció que no tiene pruebas de fraude en el proceso electoral. Aun así, sostiene que la retirada del pasaporte es una señal de persecución.

La lectura de la casa: el caso plantea una pregunta de fondo sobre las garantías del Estado de derecho. Cuando una decisión judicial coincide con el resultado de las urnas, el contribuyente y el ciudadano tienen derecho a exigir claridad. Lo que está en juego no es solo quién gana una elección, sino si la justicia actúa con independencia frente al poder político. Para los defensores de la libre empresa y de la propiedad, la libertad de movimiento y la seguridad jurídica son límites básicos que ningún Estado debería cruzar sin pruebas públicas.

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