COLOMBIA (Pulso) — El agente del ICE señalado de matar al colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero, de 25 años, justificó los disparos ante su exesposa. Según reveló The New York Times, David Brouillette le dijo por teléfono: «El tipo intentó pegarme. Intentó atropellarme».
Ashley Brouillette, con quien estuvo casado entre 2007 y 2009, rechazó esa versión. «En ninguna parte se ve que ese hombre te embistiera», le respondió. Según su testimonio al NYT, Brouillette «siguió en negación» y «se lo toma con una calma inusual».
El agente también le pidió a Ashley ocultar sus antecedentes de violencia doméstica. Le solicitó que declarara públicamente que era «una buena persona». Ella fue tajante: «Le respondí que no iba a mentir por él».
Tres fuentes independientes identificaron a Brouillette en videos del operativo: la exesposa, un familiar anónimo y un antiguo compañero de secundaria. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha confirmado oficialmente su identidad.
El operativo ocurrió en Biddeford, Maine. Agentes de ICE interceptaron el vehículo de Durán Guerrero. Múltiples disparos impactaron el parabrisas. Las autoridades federales alegaron riesgo inminente para la seguridad pública.
Sin embargo, según la fuente, Durán Guerrero no era el sujeto con orden de deportación que buscaban. El DHS informó que ingresó de forma irregular el 1 de septiembre de 2023. Su abogado, Benjamin Gideon, sostuvo que contaba con permisos de trabajo vigentes.
Durán Guerrero residía en Biddeford junto a su pareja y su hija de tres años.
El caso expone una tensión real: el uso de fuerza letal en operativos migratorios exige rendición de cuentas clara. La negativa del DHS a confirmar la identidad del agente no fortalece la credibilidad institucional; la debilita. Un Estado de derecho robusto protege tanto la seguridad pública como la transparencia en el uso de la fuerza. Sin esa transparencia, la confianza en los operativos se erosiona — y con ella, la legitimidad de la política migratoria en su conjunto.
