COLOMBIA (Pulso) — Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), exigió que la justicia investigue los hechos expuestos contra las hermanas Guerrero.
Confirmado. Lo hizo a través de su cuenta de X. Reconoció que los documentos y testimonios publicados por Semana «son muy delicados».
«La justicia debe investigar qué delitos pueden configurarse», afirmó el exfuncionario, según la fuente.
Carrillo también alertó sobre el Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon). Según su percepción, ese fondo estaría bajo control de aliados cercanos al ministro saliente Armando Benedetti. Así lo advirtió el exdirector; no es una afirmación del medio.
La investigación de Semana describe una presunta red de cobros y tráfico de influencias. Juliana Guerrero negociaba ante entidades gubernamentales. Verónica Guerrero mantenía contacto con empresarios. Los recursos se canalizaban a través de David Trespalacios, joven de Atlántico cercano al círculo familiar.
Tres empresarios declararon bajo reserva. Según sus testimonios, la tarifa era de 1.000.000 de pesos por reuniones, un anticipo de 200.000.000 y el 10% del valor de cada proyecto adjudicado.
Uno de los testimonios detalló: «Se acordó que les daríamos 35 millones de pesos por cada municipio que nos adjudicaran».
En el caso del municipio de Aguachica, si la obra alcanzaba los 6.000 millones, las hermanas recibirían 60 millones, según las conversaciones revisadas por Semana.
Las consignaciones quedaron registradas en comprobantes enviados por WhatsApp. Una conversación muestra la instrucción de repartir 12,5 millones a cada hermana y 10 millones a Wilmer Trespalacios.
Un chat incluye la frase: «Juliana tiene reunión hoy con el jefe de jefes». Los denunciantes atribuyen esa expresión al presidente Gustavo Petro, según la fuente.
La Fiscalía ya radicó escrito de acusación contra Juliana Guerrero por fraude procesal y falsedad ideológica.
Esto es lo que se sabe.
El caso ilustra el costo real del Estado sin controles: fondos destinados a seguridad ciudadana, ministerios de Vivienda e Interior y recursos de convivencia pública, todo presuntamente convertido en botín para intermediarios. Cuando el gasto público opera sin transparencia ni rendición de cuentas, la corrupción no es accidente; es consecuencia. Colombia necesita menos aparato y más justicia independiente.
