ARGENTINA (Pulso) — El Senado postergó ayer el tratamiento del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. La votación se reprogramó para el 6 de agosto. El oficialismo no reunió los votos necesarios.
El escollo fue el capítulo sobre extranjerización de tierras. La iniciativa, impulsada por el ministro Federico Sturzenegger, propone eliminar los límites actuales para que personas físicas y jurídicas extranjeras adquieran campos sin restricciones. Para empresas con participación de Estados extranjeros, exige autorización conjunta de la Nación y la provincia.
La ley vigente, sancionada en 2011, fija que la titularidad extranjera no puede superar el 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia y de cada departamento o municipio. Además, una misma nacionalidad no puede concentrar más del 30% de ese cupo.
La resistencia no vino solo del kirchnerismo y la izquierda. Parte de la oposición dialoguista también planteó objeciones sobre el alcance de los cambios y el rol de las provincias.
Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, fue directo: «Una vez más, el Poder Legislativo está frenando algo que es necesario. Es un proyecto muy necesario, no solo para el campo, sino para toda la Argentina». Añadió que la SRA participó de las instancias de consulta previas y aportó ideas.
Sobre la compra por extranjeros, Pino afirmó: «A quienes se asustan, les digo que esto ya ocurrió en los siglos XIX y XX; la Argentina también fue hecha por extranjeros, así que no hay que tener miedo». Aclaró, no obstante, que situaciones particulares —como parques o reservas naturales que afecten la producción vecina— pueden requerir regulación.
Desde el Gobierno sostienen que la apertura alcanza solo a inversores privados, no a Estados extranjeros.
La demora parlamentaria tiene un costo concreto: cada semana sin reforma es una semana menos de señales al capital privado que Argentina necesita atraer. El principio en juego es simple —la propiedad privada no distingue pasaportes— y el Senado lo esquivó. El 6 de agosto dirá si el Congreso puede, por fin, moverse a la velocidad que el país exige.
