ARGENTINA (Pulso) — El Gobierno entregó tres manuales a diputados y senadores libertarios. Los materiales también podrían usarse en escuelas de formación política vinculadas al oficialismo.
Los cuadernillos se titulan «Manual de logros», «Memoria de la década perdida» y «Periodismo y república en la era Milei». Santiago Oría figura como responsable de su elaboración.
El primer manual está dirigido a quienes respaldan al Presidente. Propone una guía para sostener discusiones políticas con argumentos sobre macroeconomía y políticas públicas. También incluye preguntas, objeciones y respuestas para debatir con críticos.
Según el material, cada medida positiva debe tener «un argumento central, sólido y directo». El documento define sus contenidos como «logros estructurales, consolidados y verificables». Por eso deja afuera indicadores financieros de alta frecuencia.
Entre los casos mencionados aparece el protocolo antipiquetes. Indart explicó que el manual le adjudica al Gobierno nacional el fin de los cortes de calles. También contrapone esa versión con la Ciudad de Buenos Aires.
El segundo cuadernillo revisa de forma crítica los gobiernos kirchneristas desde 2003. Incluye imágenes de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. También cuestiona políticas de educación, salud, seguridad y libertad de expresión.
El tercer material reúne críticas a prácticas periodísticas, operaciones de inteligencia, pauta oficial y relaciones entre medios y poder político. Además, menciona la ley de medios, el caso Papel Prensa y el espionaje estatal durante los gobiernos kirchneristas.
El cierre político es claro. El Gobierno no solo busca defender su gestión. También intenta fijar el marco del debate público y disputar el crédito por sus medidas. En esa pulseada, el aparato estatal vuelve a ocupar tiempo y recursos para sostener una narrativa propia.
Para el lector, el dato central es otro: el oficialismo organiza su propaganda con estructura, método y destino legislativo. Eso muestra una pelea por el relato, pero también por el control de la conversación pública y de la agenda institucional.
