MEXICO (Pulso) — Confirmado. Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias «El Chorro», figura entre los siete perfiles más peligrosos del Cártel Jalisco Nueva Generación según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, «El Mencho», en febrero de 2026, el CJNG reorganiza su cúpula. Washington identifica a «El Chorro» como posible sucesor del máximo líder.
Castillo Rodríguez es yerno de «El Mencho». Se casó con Jessica Johanna Oseguera González. Reportes de inteligencia del gobierno mexicano lo señalan, según la fuente, como operador financiero y enlace regional clave para la expansión del cártel.
Su peso dentro de la organización recae en uno de los principales puntos logísticos: el puerto de Manzanillo, Colima. Según información del gobierno estadounidense, dicta órdenes directas a la célula del CJNG que opera ese puerto, encabezada por los hermanos Jarquín Jarquín y Díaz de León Sauceda. Ese punto es, presuntamente, crucial para el ingreso de precursores químicos desde Asia, usados en la producción de fentanilo y metanfetaminas, y para la entrada de cocaína colombiana.
El historial judicial de «El Chorro» es llamativo. El 23 de junio de 2015 fue detenido en Zapopan, Jalisco, junto a su cuñado Rubén Oseguera González. Recuperó la libertad el 1 de julio de 2015 por «falta de elementos para procesarlo».
El 6 de abril de 2016, fuerzas de seguridad lo capturaron de nuevo en Guadalajara. Portaba cuatro armas largas, entre ellas un arma con aditamento lanzagranadas y un lanzador de cohetes RPG, armamento que la fuente describe como de características similares al usado para derribar un helicóptero de la Sedena en mayo de 2015. Recuperó la libertad. Hasta hoy se desconoce cómo o por qué.
Actualmente opera en la clandestinidad. La OFAC lo incluyó de nuevo en su lista de actores criminales bloqueados.
En México lo investigan por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Dos capturas. Dos liberaciones inexplicadas. El aparato de justicia mexicano dejó ir dos veces a un operador financiero de primer nivel del mayor cártel del país. Mientras el gobierno de la presidenta no responde por esas salidas, Washington actúa: bloquea activos y nombra al sucesor potencial. La brecha entre la retórica de seguridad y los hechos documentados no podría ser más costosa para los mexicanos.
