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EEUU impulsa un corredor de USD 7.000 millones y pone a prueba la infraestructura argentina

El acuerdo busca conectar Vaca Muerta y el NOA con puertos atlánticos. El plan depende de reglas estables y capital privado, no de más deuda estatal.
jueves 8 de octubre de 2026 · 14:20 UTC

Confirmado. Una delegación de Estados Unidos llegó a la Argentina para avanzar en el Corredor Andes-Atlántico.

El proyecto prevé inversiones de hasta USD 7.000 millones durante 2027. Abarca energía, minería, ferrocarriles, puertos, telecomunicaciones, redes eléctricas y transporte de hidrocarburos.

La iniciativa fue lanzada el 23 de septiembre en Nueva York. Ahora entra en una nueva etapa para empezar a poner en marcha los proyectos.

El plan busca conectar las zonas productivas argentinas con los puertos del Atlántico. También apunta a reducir los cuellos de botella que frenan al petróleo, el gas y la minería.

Según la fuente oficial citada, el esquema incluye modernización de ferrocarriles, oleoductos, gasoductos, puertos, redes eléctricas e infraestructura digital.

La mayor parte de ese monto se vincula con energía. Unos USD 6.000 millones corresponden a Argentina LNG, impulsado por YPF junto con ENI y XRG.

Ese proyecto contempla una inversión total estimada en USD 51.000 millones. La nota lo presenta como el mayor proyecto de inversión anunciado en la historia argentina.

El acuerdo también prevé herramientas del Exim Bank y la DFC para préstamos, garantías y seguros. El modelo no financia directamente al Estado argentino.

Pablo Quirno dijo que el país «no necesita financiamiento como país». Señaló que el objetivo es facilitar el ingreso de empresas estadounidenses.

Del lado argentino, el Gobierno se compromete a un marco legal y regulatorio estable, transparente y predecible. Allí aparece el RIGI, con beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios.

La señal es clara: sin reglas firmes, no hay inversión seria. Con más seguridad jurídica, el capital privado puede mover obras que el aparato estatal no logró destrabar.

También hay una lectura de soberanía económica. El corredor busca atraer financiamiento y tecnología sin cargar más costo sobre los contribuyentes. Eso beneficia a la producción y castiga la improvisación regulatoria.

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