VENEZUELA (Pulso) — El Departamento de Estado publicó el sábado 25 de julio un pronunciamiento contra la Corte Penal Internacional (CPI).
El mensaje, difundido en la cuenta oficial de X de la diplomacia estadounidense, señala que la CPI lleva investigando a Nicolás Maduro desde 2018 «sin ningún resultado».
La investigación cubre presuntos crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos cometidas desde 2014.
Washington también acusó al tribunal de desperdiciar recursos. Según el comunicado, la CPI centra esfuerzos en procesar a personas de países con sistemas judiciales «competentes e independientes» que nunca aceptaron su jurisdicción.
«Esto es un claro exceso de autoridad, sesgo político y aplicación selectiva», afirmó el Departamento de Estado. «La CPI no es ni creíble, ni independiente, ni legítima», agregó el texto.
El comunicado también destacó que, gracias al «liderazgo del presidente Trump», Maduro «ahora enfrenta justicia en un tribunal de Estados Unidos». La referencia apunta al proceso judicial iniciado tras un operativo militar estadounidense ejecutado la madrugada del 3 de enero.
El mensaje cerró con una declaración sin precedentes recientes: «Es hora de desmantelar la CPI».
Las declaraciones llegan en medio del debate sobre la efectividad del organismo en la persecución de responsables de crímenes de lesa humanidad.
Lectura editorial. Siete años de investigación sin una sola orden de arresto ejecutada hablan por sí solos. La CPI consumió recursos y tiempo mientras el régimen de Maduro consolidaba su control. Fue la acción directa de Washington, no el multilateralismo burocrático, la que puso al dictador venezolano ante un juez. El principio es claro: los organismos internacionales que no rinden cuentas ni producen resultados no merecen ni legitimidad ni financiamiento.
