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EE UU endurece cargos contra Maduro y Flores por tortura y narcoterrorismo

La Fiscalía de Nueva York amplió la acusación contra la pareja venezolana. El juez volvió a negar a Flores salir bajo fianza o arresto domiciliario.
jueves 8 de octubre de 2026 · 18:19 UTC

Confirmado. La Fiscalía federal de Estados Unidos presentó nuevos cargos en Nueva York contra Nicolás Maduro y Cilia Flores.

La acusación suma una conspiración para cometer torturas y extiende a Flores el cargo de narcoterrorismo, según Infobae y El Nacional. La pareja ya enfrentaba cargos por conspiración para importar cocaína y por posesión y conspiración para poseer armas.

Según los documentos citados por las fuentes, Maduro y Flores permanecen detenidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde su traslado a Nueva York. El juez Alvin Hellerstein rechazó además la petición de Flores para salir bajo fianza y pasar a arresto domiciliario. Consideró que representa un «fuerte riesgo» de fuga.

BBC Mundo informó que los fiscales alegan que, tras asumir la presidencia en 2013, Maduro «autorizó el uso de la tortura» y supervisó un sistema de represión. También señaló que las presuntas torturas habrían afectado a más de una decena de ciudadanos estadounidenses. Infobae añadió que la nueva imputación recoge nueve casos de víctimas y sitúa la conspiración para torturar desde 2006.

Las fuentes coinciden en que la acusación describe detenciones arbitrarias, violencia y torturas contra opositores y otras personas detenidas. Entre los métodos mencionados aparecen descargas eléctricas, asfixia, golpes, aislamiento prolongado, privación de alimentos y amenazas a familiares.

La defensa de Maduro negó los cargos, según BBC Mundo. Flores, por su parte, enfrenta ahora un expediente más amplio mientras el caso sigue en Nueva York.

En el fondo, el caso vuelve a poner bajo lupa el costo humano de un aparato de poder sostenido, según la acusación, con violencia estatal. Si esos cargos se prueban, no hablaríamos solo de abuso político: hablaríamos de un sistema que convierte al Estado en instrumento de terror.

Para el contribuyente y para cualquier país que defienda el estado de derecho, la señal es clara. La impunidad política sale cara, erosiona la seguridad jurídica y destruye la confianza en las instituciones.

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