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EE.UU. afirma que el narcotráfico marítimo cayó más del 95 % y eleva la presión sobre el suministro de precursores

La embajada estadounidense destaca la cooperación con México, pero no precisa el periodo de sus cifras. El contribuyente sigue pagando la factura de la guerra contra el narcotráfico.
sábado 21 de noviembre de 2026 · 06:44 UTC

Confirmado. La embajada de Estados Unidos en México afirma que el tráfico marítimo de drogas hacia su territorio cayó más de 95 %.

El dato sale de un comunicado difundido este viernes. La representación no precisa el periodo de medición. Tampoco publica la metodología.

En el mismo texto, la embajada sostiene que, al cierre de 2025, las muertes por sobredosis en Estados Unidos bajaron 40 % respecto al punto más alto de la crisis. Según la propia embajada, eso equivale a unas 40.000 muertes menos al año.

Según el comunicado, México ha incautado más de 98 toneladas de cocaína en el mar y 9,8 millones de pastillas de fentanilo. Las cifras se dieron a conocer en un taller con autoridades de ambos países y empresas privadas.

El foco está en los precursores químicos. Washington advierte que sustancias provenientes de China pueden terminar en laboratorios de los carteles. La embajada pide a las empresas conocer a sus clientes, vigilar sus cadenas de suministro e identificar operaciones sospechosas.

En México, la Secretaría de Seguridad federal reporta que la Operación Frontera Norte acumula 534 toneladas de droga decomisada desde octubre de 2024 hasta agosto de 2026. Incluye más de 2,5 toneladas y 9,5 millones de pastillas de fentanilo.

La Marina informó que, desde el inicio del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, en octubre de 2024, ha confiscado más de 98 toneladas de cocaína en operaciones marítimas.

Lo que significa para el lector: el discurso oficial presenta resultados medibles, pero el comunicado no informa el periodo del dato principal. Sin esa precisión, la cifra del 95 % no permite evaluar cuánto costó ni cuánto dinero de los contribuyentes absorbió el aparato de seguridad. Una política de Estado que se juzga por decomisos y no por indicadores verificables deja al contribuyente sin cuentas claras.

El principio en juego es la rendición de cuentas. Un gobierno que pide a empresas privadas vigilar sus propias cadenas de suministro traslada costos de cumplimiento al sector productivo. La libre empresa paga la cuenta de una estrategia que el comunicado describe como un esfuerzo conjunto, pero cuyos resultados aún no se pueden auditar con datos completos.

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